Por Paola Alé[email protected]
Esta vez, y como se dice en la jerga política, los sindicatos “pasaron de largo” y dejaron que se votaran y aprobaran dos leyes que, dijeron, son un intento de “cercenar los derechos adquiridos” de los trabajadores estatales.
Se refieren a la flamante ley provincial de Mendoza, aprobada el miércoles, que fija como techo de los salarios públicos el haber del gobernador.
Y también a la legislación que otorga nuevas facultades a la Subsecretaría de Trabajo y determina cuáles son los servicios mínimos que se deben brindar durante una huelga.
Según la titular de ATE, Raquel Blas, ambas medidas son “inconstitucionales” y habrá respuesta de los gremios ante el “atropello que se está cometiendo”. “Todo el proceso ha sido desprolijo, lo tratan sobre tablas y a las apuradas, pero nosotros vamos a responder, vamos a llevar estas leyes a la Corte”, aseguró Blas, quien además denunció una especie de “pacto político” para darle sanción definitiva a ambas iniciativas en tiempo récord. Y es que, con 24 horas de diferencia, se aprobaron en las dos cámaras y sin discusión alguna. Los únicos que se quejaron fueron los diputados del FIT, que aseguraron que no estaban de acuerdo en tratar proyectos que habían llegado a sus manos hacía 20 minutos. De todas maneras, se convirtieron en ley por el voto de la mayoría.
Leyes en 24 horasLo que se considera un pacto político es una especie de acuerdo entre los principales partidos con representación parlamentaria (PJ y UCR) aunque también lo acompañaron, en Diputados, los demócratas y el Frente Renovador. No hubo objeciones, sino más bien argumentos a favor de ambas iniciativas, tanto desde el bloque justicialista como desde el bloque radical.
Por el PJ, quien defendió las leyes fue la presidenta de la bancada, Silvia Ramos.
Con respecto al tope de los salarios, expresó que el objetivo que persigue es el de establecer un principio de equidad de todos los empleados estatales, y que ningún funcionario, contratado o trabajador de planta cuente con el privilegio de ganar más que el gobernador. Salvo excepciones que la ley establece, y dejando afuera a miembros del Poder Judicial y personal de los municipios. Esto porque están fuera del alcance que la legislación plantea. Sobre este punto, Blas opinó: “Los legisladores plantean leyes en las que los sueldos de jueces, funcionarios e intendentes son intangibles, pero los de los trabajadores son revisables. Los salarios de los trabajadores son los más intangibles en este país según los últimos fallos de la Corte, y lo vamos a hacer valer”.
Por otra parte, Blas se quejó de la rapidez con la que se aprobaron las leyes, que se trataron el martes en el Senado y ayer en Diputados, siendo que otros proyectos demoran meses en obtener sanción definitiva, si es que lo hacen. “Lo que ha sucedido es muy desprolijo, jurídicamente hablando. Estamos esperando que termine el proceso de sanción, lo tratan a las apuradas sobre tablas porque hay un pacto político para esto”.
Esta idea fue apoyada por los legisladores del FIT Héctor Fresina, Martín Dalmau y Cecilia Soria. Los tres opinaron sobre la inconveniencia de votar un proyecto que les había llegado a todos los diputados 20 minutos antes de que comenzara la sesión.
De todas maneras, los proyectos se convirtieron en ley por amplísima mayoría.
Sólo contando con los votos en contra de los 3 diputados de izquierda.
A favor de limitar la huelgaLos radicales también estuvieron a favor de la ley propuesta por el PJ que adapta las funciones de la Subsecretaría de Trabajo a leyes nacionales y a convenios internacionales, pero que contiene artículos polémicos.
Puntualmente, los que versan sobre lo que los sindicatos consideran límites inconstitucionales al derecho de huelga. Los que están a favor de la iniciativa lo llaman determinación de servicios esenciales. Son aquellos que los trabajadores públicos no pueden dejar de cumplir durante un paro.
Según Blas, esto va en detrimento de los principios de la OIT. Pero, según algunos legisladores, tiende a garantizar los derechos de los usuarios de los servicios públicos, como la salud y el transporte.
Ramos volvió a argumentar, y esta vez lo hizo a favor de la delimitación de los servicios esenciales.
“Los peronistas no nos olvidamos de donde venimos, defendemos los derechos de los trabajadores, pero tampoco nos olvidamos que los usuarios de los servicios públicos tienen que tener garantizado el acceso a ellos”. Martín Kerchner (UCR), también justificó la necesidad de crear una comisión para que se delimiten los servicios mínimos a cubrir durante los paros. “Sin hacer discursos de barricadas ni escenas, decimos que esta comisión de garantías está contemplada por la Organización Internacional del Trabajo, no es un invento de una ley provincial”.
Cecilia Soria, del FIT, les salió al encuentro, diciendo que era un mal antecedente que se votara un proyecto de esta magnitud sin haberlo discutido antes.
AntecedenteA fines de junio ya hubo un intento de ponerles techo salarial a los estatales, porque se descubrió que por lo menos 700 trabajadores contaban con salarios muy superiores al del gobernador, que actualmente percibe más de $35.000. Sólo en el ámbito de la Salud Pública, hay quienes, entre planta y contrato cobran cifras que superiores a los $85.000.
Hay que aclarar que la ley regula hacia adelante, no es retroactiva. Por lo tanto los que ganan salarios más altos que el de Pérez seguirán cobrándolos. Pero, en caso de futuros aumentos, el de ellos será del 30% del que reciba el gobernador.
"Los peronistas defendemos los derechos de los trabajadores, pero no olvidamos que los usuarios de servicios públicos deben tener garantizado el acceso” (Silvia Ramos, legisladora PJ)
