El fenómeno creció con la globalización. La cancillería argentina recibe un promedio de cinco pedidos de restitución por mes. La importancia de los plazos cortos para evitar el desarraigo.
Foro abierto de la sustracción internacional de niños, una cruz de padres e hijos
Desesperación, lucha, resignación o alivio. Esos son los síntomas que pueden describir sobre lo que algunos padres sostienen que es “una enfermedad que mata por dentro”. Y también son las etapas más frecuentes que conllevan los casos de sustracción internacional de menores.
La semana pasada, en Mendoza tuvo lugar el primer foro sobre el tema. Vinieron especialistas y autoridades nacionales para ilustrar a abogados y guiar a padres que pueden encontrarse ante un caso de lo que también puede llamarse “secuestro legal de niños”. Cuando un niño es trasladado ilícitamente a un país distinto al de su residencia habitual, vulnerando el derecho de custodia atribuido a una persona, se está ante un caso de sustracción internacional. La infracción también se produce en caso de que el padre o la madre se traslade con el menor para residir en otro país e impida al otro padre ejercer el derecho de visita.
Este fue el tema central que abordó el congreso que organizó el Centro de Investigación de Derecho Internacional de Mendoza (CIDIM). El Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura fue testigo del testimonio de tres especialistas y hasta fue arena de una disputa entre un padre que recuperó a su nena desde Colombia y su madre, presente en el mismo recinto. Situación que ilustra lo delicado de la problemática.
Una problemática con solución
Es una realidad: los casos de sustracción internacional de menores crecen en todo el mundo y Argentina no es la excepción. “En el mundo es un fenómeno que crece producto de la disolución de las barreras que ofrece el fenómeno de la globalización. Cada vez más personas se mueven de un país a otro. En la Comunidad Europea, los casos crecen porque las distancias son menores. En Argentina tenemos un promedio de 5 pedidos de restitución por mes”, asegura Victoria Granillo Ocampo, integrante de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional.
La tranquilidad para todo padre que viva en Argentina es saber que la Autoridad Central, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta con un equipo de profesionales que lleva casi una década tratando este tipo de casos y cuya predisposición ha sido destacada por muchas familias. “El punto de partida es lo expresado en el Convenio de La Haya de 1980, respecto de la sustracción internacional de menores y al que adhieren 90 países”, dice Granillo Ocampo.
Luego, en 2005 Argentina adhirió a un tratado firmado por la Convención Interamericana, más moderno en lo legal, que permite agilizar los tiempos, factor clave en un proceso de restitución. Granillo Ocampo señala la ventaja de este tratado porque “permite cooperación internacional con países como Bolivia, Paraguay y Uruguay, de mayor frecuencia en este tipo de casos. En cambio, otros países, como Perú, Colombia y México, son adherentes al convenio de La Haya”.
En cualquier caso, los tratados tienen por objeto garantizar de forma inmediata la restitución si están dadas las condiciones. El procedimiento es complejo, pero tiene pasos claves. En primer lugar, la denuncia de sustracción se presenta en la Autoridad Central, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este organismo realiza luego la localización del menor y del progenitor que lo sustrajo. En principio, se busca una solución amigable y si esta no prospera, se inicia el proceso judicial. Llegado el caso, entran en juego figuras legales trascendentes, como la residencia habitual del menor y el derecho de custodia de los padres.
La restitución
Contactada la Autoridad Central de residencia habitual del menor, se completa un formulario de restitución. Desde este momento, el tiempo aparece como ponderante. Los tratados estipulan que los procesos no se extiendan demasiado, porque en tanto el tiempo pase pueden acentuarse situaciones de riesgo para el niño. “Siempre tratamos de contar historias de adultos que sufrieron la sustracción de pequeños y a los que el desarraigo terminó causando daños irreparables en el desarrollo normal de su vida”, detalla Granillo Ocampo. Por eso, jueces y funcionarios hacen hincapié en la urgencia en el trámite desde el inicio hasta el fin de un proceso.
Allí, se inicia el proceso de cooperación internacional de las justicias intervinientes y se determina si cabe o no la restitución inmediata del menor.
