Los polémicos contratos del ex Ministerio de Cultura de Mendoza, vencidos el 31 de diciembre pasado, que venían del gobierno anterior y registraban pagos mensuales de entre $7.000 y $12.000, serían la cortina tras la cual se inventaban prestaciones eventuales inexistentes para ingresar contratados al Estado que prestaban servicios laborales permanentes, en condiciones precarias propias de los contratos basura.
Así lo denunció el gobierno de Mendoza encabezado por Alfredo Cornejo, desde el que aseguran que la metodología es claramente ilegal y que se ha incurrido en el delito de malversación de caudales públicos.
Por eso, presentaron la denuncia penal y formal ante la Fiscalía de Delitos Complejos, contra la gestión de la ex ministra Marizul Ibáñez y su ex subsecretario Fabrizio Centorbi.
En la denuncia no hicieron nombres y le dejaron a la fiscalía que determine quién incurrió en las irregularidades, pero dieron a entender que la primera y segunda línea de ex funcionarios estaría comprometida.
Una práctica habitual
Diego Gareca, actual titular de Cultura, y Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia, fueron los encargados de llevar la presentación penal a la Unidad Fiscal.
Los funcionarios aseguraron que hay pruebas documentadas de que se inventaron prestaciones inexistentes para ingresar contratados al ex ministerio.
Y hasta dejaron abierta la incógnita de si los trabajadores contratados cobraban todo el sueldo o tenían que resignar parte de él a la gestión o a algún funcionario.
Diego Gareca sentenció, tras hacer la presentación: "Eran contrataciones ilegales, sin ART, sin obra social, que se pagaban cada tres meses por montos que iban de los $20.000 hasta los $36.000 cancelando el periodo completo: habría que investigar, cuando cada trabajador percibía su ingreso, cuánto dinero iba a su bolsillo y a dónde iban las diferencias".
La grave acusación de Gareca, sugiriendo que los contratados tenían que ceder una parte de su ingreso, viene a cuento de que los afectados a quienes no les renovaron el contrato aseguran que recibían entre $4.000 y $5.000 por mes.
¿Como se hacía?
El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien es especialista en contratos, explicó que en Cultura se usaba una forma de contrato previsto por la ley, pero que los fines con que los utilizaban riñen con la legalidad.
Indicó que "no son los conocidos contratos de locación de servicios sino otro tipo, contratos eventuales, previstos para prestaciones específicas por un corto período".
Señaló que "son los contratos que se usan para montar eventos, contratar artistas y, por lo tanto, en Cultura son comunes".
Refirió que los que "hemos denunciado que no duraban más de tres meses y eran para prestaciones puntuales, como puede ser un iluminador, un puesto en una boletería u otra labor necesaria para un evento".
Las pruebas
El subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino remarcó que "en los casos que detectamos, descubrimos que las prestaciones declaradas nunca fueron realizadas", aclarando que la gente afectada "siempre trabajó, nunca fueron ñoquis, pero hicieron otra cosa y no lo que dicen los papeles".
"No es una sospecha nuestra -resaltó- sino que los propios ex funcionarios del gobierno anterior dejaron asentado en los expedientes de cada empleado, que la prestación eventual del contrato no se cumplió nunca y que el contratado, en realidad, hizo otras labores de forma permanente, y lo blanquearon para poder pasar el personal a planta permanente durante la negociación paritaria, lo que finalmente no consiguieron".
D'Agostino aseveró: "Aquí es donde nos encontramos con la contradicción de los ex funcionarios sobre las prestaciones de los trabajadores y cayendo en una conducta que creemos ilegal, porque los fondos destinados para esos contratos estaban declarados para un fin específico (eventos) y fueron utilizados para otro" (contratos permanentes). Así, a alguien que era contratado como boletero de un evento, por uno, dos o tres meses, se le renovaba el contrato para otro evento y luego para otro. El subsecretario precisó que "para cobrar, los contratados tenían que presentar la factura y el funcionario que los contrató aprobar el pago. Es imposible que no supieran lo que estaban haciendo".
Tal cual lo expresó Diego Gareca, esta práctica era extendida en toda el área de Cultura, ya que se repetía "en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en el ECA (Espacio Contemporáneo de Arte) y en el teatro Independencia".
Gareca concluyó: "Los contratos suman una cifra importante, y por eso nos es imposible renovarlos".
El tercero en discordia
Uno de los actores cruciales en el escándalo de los contratos del ex Ministerio de Cultura es la Sociedad de Actores, que figuraba, según señalan desde el Gobierno, como intermediaria en la contratación de los trabajadores que terminaban trabajando para el Gobierno.
El rol de la entidad todavía no está totalmente claro ni tampoco ha surgido si se notificó de las tareas que realmente cumplían los contratados, y que según la denuncia no tenían nada que ver con las que figuraban en los contratos.
