El abogado sumariante Nicolás García Bistué, designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la investigación por la probable comercialización de materias, citó a un grupo de estudiantes con el fin de tomarles declaraciones testimoniales por inconsistencias surgidas en algunas de los registros administrativos que quedaron bajo sospecha.
La evolución de la causa, fue dado a conocer ayer a la tarde por la decana de esta universidad, Claudia García, durante una reunión informativa que mantuvo con graduados. Hoy el tema será comunicado en su totalidad al Consejo Superior tal como ya se hizo con los estudiantes, el personal de apoyo académico y los profesores de cada una de las carreras.
Después de explicar todos los pasos del proceso iniciado desde que un cambio del sistema informático a fines de febrero sacara a la luz una serie de irregularidades, la decana detalló que llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias y tratarán de hacerlo con la mayor celeridad para poder conocer realmente qué pasó y sancionar, si hay algún tipo de delito, a cada uno de los que estén involucrados en el asunto.
Sobre este aspecto volvió a especificar, para que no se confunda, que la universidad no acusa a personas en particular sino que investiga irregularidades administrativas, es decir inconsistencias surgidas luego de que se traspasara información de un sistema informático a otro.
Si se descubriera que se ha cometido delito las personas responsables serán sancionadas con penas que aún no están estimadas ya que se trata de un hecho de características inéditas, fue lo que se charló durante la reunión a la que asistieron una docena de egresados un poco incómodos después de la polémica noticia.
Otra de las novedades que puso paños fríos a la ansiedad por resolver la causa, es que con el nuevo sistema de datos, conocido como SIU-Guaraní, pueden conocerse en detalle cada uno de los movimientos administrativos. El programa identifica, día, hora y personal que realizó modificaciones. Información muy valiosa para la pesquisa y que en adelante permitirá reforzar cualquier tipo de control que quiera incorporarse.
La decana además dio a conocer para tranquilidad de los estudiantes y recientes recibidos que las inspecciones y auditorías necesarias para la producción de pruebas, no modifica ni paraliza el sistema administrativo que continuará funcionando con normalidad tal como lo viene haciendo. Se seguirán entregando analíticos y títulos a las personas sobre las que no pesa ningún tipo de dudas o cuestionamientos.
Asimismo la Universidad Nacional de Cuyo se presentó como querellante ante los Tribunales Federales, ocupando con este acto una posición más activa en el proceso de investigación. Según pudo constatarse el grupo de casos irregulares descubiertos pertenecen únicamente a dos carreras. La de Comunicación Social y la de Ciencias Políticas y Administración Pública.
García desmintió haber recibido amenazas por este caso y prefirió no opinar acerca de las declaraciones en su contra realizadas por el ex rector Arturo Somoza, quién le pidió a Pizzi que la decana se tome licencia.
