El presidente de la Suprema Corte analiza su salida y Paco Pérez se ilusiona con elegir otro juez

Desde 1983, los peronistas son los menos en el máximo tribunal, cuya mayoría siempre ha sido de extracción o con vínculos con la Unión Cívica Radical.

Llorente –radical de la primera hora, con 25 años como supremo y actual presidente de la Corte mendocina– habló de la posibilidad de terminar su carrera el año que viene. Aunque puso en claro que no lo tiene definido, al expresarlo no dejó dudas de que lo está evaluando.

Cuando el periodista José Luis Verderico le preguntó en la entrevista radial si iba a continuar en su cargo, Llorente respondió: “Es una decisión que la tengo que tomar cuando termine mi mandato (como titular del cuerpo). No sé qué voy a decidir: si retirarme directamente del Poder Judicial o seguir un período más. Ahora no le puedo decir nada”.

Aunque no lo aseguró, lo cierto es que Llorente nunca había hecho una afirmación de este tipo públicamente ni en los pasillos de tribunales. Aun tomando la parte de sus declaración en la que dice “o seguir un período más”, su retiro caería dentro de la gestión de Francisco Paco Pérez.

El mandatario tuvo hace poco la oportunidad de colocar entre los supremos a Omar Palermo, luego de la renuncia de Fernando Romano. Antes, Celso Jaque había logrado poner al actual ministro Mario Adaro, tras la renuncia de Aída Kemelmajer.

El juego de las mayorías

Los cargos de los jueces son vitalicios, incluidos los de la Corte. Éstos pueden –literalmente– morir en el puesto sin jubilarse, por lo que su recambio no depende del gobernador de turno sino de que ellos se retiren por voluntad propia o por juicio político.

Así, en dos años, el PJ pudo colocar dos jueces en la Corte por la renuncia de dos supremos.

Hasta antes del ingreso de Adaro, la Corte local tenía una integración con una amplia mayoría de jueces que venían de las filas del radicalismo. Esa proporción era de seis a uno.

Y aunque la Corte no se expresa por mayorías políticas, sino jurídicas, la ascendencia política tiene su peso cuando hay temas políticos candentes dando vueltas en el tribunal.

El propio Llorente (ex senador radical), Aída Kemelmajer de Carlucci (su padre fue muy amigo del ex gobernador radical Felipe Llaver), Herman Salvini (vinculado a la UCR), Jorge Nanclares (ex asesor de Llaver) y Fernando Romano (juez de carrera del Poder Judicial) llegaron a la Corte en la década del ’80, de la mano del ya desaparecido caudillo y mandatario radical.

Con el ingreso de Alejandro Pérez Hualde en el 2005, afiliado radical y promovido por Julio Cobos, la Corte mantuvo su integración de seis jueces vinculados a la UCR y uno al peronismo: este último es el actual supremo Carlos Böhm, padre del actual titular de AYSAM y ex subsecretario de Turismo, Luis Böhm.

Esa diferencia de seis a uno fue histórica desde 1983, porque el ingreso de Pérez Hualde no hizo más que remplazar a otro radical hasta la médula que dejaba el cargo: el ex juez Carlos Moyano.

Pero los vientos cambiaron, la Corte se hizo añosa y el peronismo logró anotar dos gobernaciones en principio inesperadas.

Así fue que los retiros de Aída Kemelmajer de Carlucci y Fernando Romano –ya en edad jubilatoria– permitieron el ingreso del ex el ministro de Gobierno del peronismo Adaro y del penalista Palermo, vinculado desde siempre al PJ pero con bajo perfil político.

Estos cambios renovaron el dibujo político de la Suprema Corte: cuatro jueces relacionados con la UCR (Llorente, Salvini, Nanclares y Pérez Hualde) y tres con el justicialismo (Böhm, Adaro y Palermo).

Si Llorente cumple con lo que ha dicho, el justicialismo mendocino podría invertir el 4 a 3 a su favor al colocar otro supremo peronista en remplazo, siempre y cuando tenga los votos en el Senado.

Mejor con el PJ que con la UCR

Una de las curiosidades que el titular de la Corte mendocina reconoció en la entrevista fue que mientras fue presidente de la Suprema Corte se llevó mejor con los gobernadores peronistas que con los radicales.

Prudente en sus declaraciones, como de costumbre, Llorente recordó que “hubo distintos roces con los gobiernos radicales, es cierto”, sin entrar en detalles ni rememorar que la famosa guerra de los jueces con el Poder Ejecutivo comenzó en la época de Roberto Iglesias y continuó en la de Julio Cobos, y tuvo como epicentro el tope a los salarios de los magistrados.

En cambio, Llorente señaló: “Con los gobiernos justicialistas tuvimos siempre una muy buena relación. Con (el gobernador de 1995 a 1999) Arturo Lafalla fue excelente y logramos cosas muy importantes para el Poder Judicial, como el edificio de San Martín 322, que no los cedió sin más trámites en 30 días”.

También destacó: “Con el gobernador Francisco Pérez tenemos una relación excelente, no podría ser mejor. Hemos acordado en temas fundamentales para el funcionamiento del Poder Judicial”.

Llorente no mencionó en la entrevista que Jaque fue quien terminó garantizándoles a los jueces la intangibilidad de sus salarios y una sustanciosa recomposición convalidando con su firma el nuevo esquema sobre el que se calculan los salarios, terreno que ya había dejado preparado Cobos para terminar con esa crisis institucional.