Por Rosana Villegas
El pabellón 11 de la cárcel de San Rafael es una piedra en el zapato de las autoridades carcelarias provinciales. Allí se alojó hasta hace una semana la mayoría de los 77 violadores –entre procesados y condenados– que están confinados a esa unidad carcelaria. Ese número le da a la penitenciaría del Sur mendocino un triste récord: es la cárcel con más porcentaje de abusadores sexuales de todo el país con relación al resto de la población penitenciaria. Así, de los 341 presos, casi el 25% son violadores.
“Cuando detectamos el nivel de abusadores que había ingresado nos pusimos a analizar la situación y confirmamos que la mayoría de los condenados eran efectivamente oriundos del Sur provincial y que habían cometido los abusos en zonas rurales, sobre todo en los parajes más alejados de las ciudades. Gran parte de ellos eran abusos intrafamiliares, en donde los agresores eran mayores de 35 años y las víctimas, niñas menores de edad allegadas a ellos. Evidentemente, en estos casos hay un fuerte patrón cultural en el que los abusos sexuales se naturalizan hasta que alguien ajeno al núcleo familiar se anima a denunciarlo”, precisó Ricardo García, director del penal sureño, al tratar de explicar el origen de esa preocupante cantidad de violadores que aloja la cárcel a su cargo.
En un simposio que reunió hace tres semanas en Córdoba a los representantes de las más de 100 cárceles de todo el país, se trataron distintas problemáticas. Allí, al presentar la realidad de cada una de las unidades surgió que, en promedio, la población de abusadores representaba entre el 10% y el 12% de la cantidad de presos del país. En esa confrontación de las distintas situaciones penitenciarias surgió que la cárcel sureña duplicaba esta tendencia nacional y se puso la lupa en el porqué de la concentración de este tipo de delito en esa zona mendocina.
“Analizando las condenas por las que llegan estos internos, es evidente que el abuso sexual es un delito que está en alza respecto de la cantidad que ingresaba años atrás. Por lo que hemos visto, gran parte de los abusos cometidos en el Sur, que terminan con condena, ocurren en esferas sociales de hipoculturización, con grandes niveles de analfabetismo, que se conjugan con graves carencias económicas en las que una familia de diez personas, por ejemplo, convive en una misma habitación y eso de alguna forma hace posible el abuso sexual, que por otro lado suele contar con el silencio de algunos padres o madres de las víctimas. En estos últimos dos años hemos detectado también en esa zona un aumento de la denuncia de este tipo de casos, que en general provienen de instituciones como la escuela, en donde las docentes detectan estas situaciones y las denuncian a la Justicia”, desnudó Lucía Sánchez, jefa del Departamento de Asistencia y Tratamiento de Personas Penadas y Procesadas por Delitos contra la Integridad Sexual, que se formó el año pasado y tiene su base en el penal Almafuerte, en donde conviven la mayoría de los abusadores condenados en el Gran Mendoza (ver aparte).
Fue precisamente esa alta concentración de abusadores en la penitenciaría sureña lo que motivó que, una semana atrás, 13 de los condenados por abusos sexuales alojados allí fueran trasladados hasta el penal Almafuerte para ser incorporados en el Departamento de Agresores Sexuales, en donde recibirán un tratamiento de al menos dos años con el equipo de psicólogos y trabajadores sociales, antes de que cualquiera de ellos pueda solicitar el beneficio de la salida transitoria.
La gran cantidad de abusadores sexuales que empezaron a poblar las cárceles mendocinas hace dos años disparó la urgente necesidad de gestar un programa para tratarlos. En 2010 se aprobó por decreto de la gestión de Celso Jaque la castración química, que supone suministrarles a esos detenidos inhibidores sexuales, lo que se combina con un tratamiento multidisciplinario de cada caso.
En ese entonces fueron 11 los internos que pidieron someterse al tratamiento, que era una condición para pedir luego la salida transitoria.
