De hecho, en su discurso, el vicegobernador prefirió hablar de la “buena relación” que mantiene el Ejecutivo con el Poder Judicial y de cómo el gobierno intenta facilitar el trabajo de la Justicia mendocina.
“En Mendoza, los poderes políticos tenemos una excelente relación con el Poder Judicial. Continuamente trabajamos con el gobernador Francisco Pérez en políticas de mejoramiento institucional con una adecuación de leyes”, explicó el vicegobernador, quien aseguró sentir una gran satisfacción de ser partícipe del proyecto de modernización de la Justicia, en lo que fue la única referencia a una reforma que ni siquiera mencionó en su discurso.
Las palabras de Ciurca distaron mucho de lo que Pérez había anunciado hace unos días atrás, cuando explicó que se iba a llevar la discusión por la reforma al Encuentro Nacional de Jueces, porque entre las modificaciones que contiene el proyecto se encuentran algunas que tienen que ver con el Poder Judicial, como el juicio por jurados y la autarquía.
Desde el oficialismo, la explicación para este cambio, después de los dichos de Pérez es simple. Lorenzetti se ha expresado en contra de la reforma constitucional a nivel nacional, aduciendo que no la ve con buenos ojos si en el fondo, esta se hace solo para permitir una reelección más de la presidenta. Incluso, ha dicho que lo que hace falta es que los derechos se apliquen, porque muchos de ellos ya figuran en la Constitución.
No obstante, refiriéndose a la reforma de la Constitución que promueve el gobierno de Francisco Pérez en Mendoza, Lorenzetti aseguró que le parece bien que esta se discuta, aunque evitó referirse a ella asegurando que no conoce de qué se trata.
Las modificaciones de la Carta Magna que promueve Pérez atañen al Poder Judicial y esa era la forma elegida por el Gobierno para introducir el tema en la reunión de magistrados.
De hecho, la autarquía judicial, si bien figura dentro de la reforma, se avanzará primero mediante un proyecto de ley que está siendo estudiado en la Legislatura provincial y que encontró, en un primer momento, la negativa de la Suprema Corte, quien ante el acuerdo de los partidos políticos, prefirió simplemente pedir más recursos económicos de los que había dispuesto el Ejecutivo en el proyecto que envió a la Casa de las Leyes.