Por Alejandro [email protected]
El Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza negó rotundamente “que no se haya hecho nada” en el instituto Jorba de Funes, donde hay 45 discapacitados con internación permanente, contradiciendo lo expresado por la Defensoría de Personas con Discapacidad, que en un dictamen aseveró que “no se respetan los derechos a la salud, a la rehabilitación y a una vida digna” de los pacientes.
Desde la Dirección de Discapacidad, su titular, Adrián Cuello, respondió que “no hemos hecho la vista gorda a las situaciones que se presentan y que tienen que ver con la restitución de derechos de estas personas. Hemos hecho mucho pero el proceso es complejo y lleva tiempo”.
Cuello aseveró que “no niego la situación del Jorba, en el pasado yo he sido muy crítico con la gestión del instituto y no voy a borrar con la mano lo que dije”.
“Pero –resaltó– hoy a los pacientes se les está dando un curso de alfabetización y les hemos programados actividades de recreación y rehabilitación con salidas al cine, al Shopping y al teatro. No pueden decirnos que no hay rehabilitación”.
Adrián Cuello replicó además que “no estoy en contra de lo que plantea Juan Carlos González (defensor para las Personas con Discapacidad), es su trabajo, pero no estoy de acuerdo en que no hacemos lo suficiente”.
En ese sentido el funcionario expresó que “lo del Jorba es complejo porque es una población envejecida, hay personas internadas desde el año 1946 y algunos de ellos tienen más de 80 años. No se les puede sacar de allí así nomás”.
Cuello agregó: “Retiramos del sistema a 32 personas internadas en albergues privados por las irregularidades que detectamos. Tuvimos que reubicarlas en otros albergues, solución que no fue sencilla porque son personas, no cosas, y los cambios son complejos. A raíz de esto nos desvinculamos de cuatro albergues que no cumplían los requisitos ”.
Resaltó además que “en los últimos cinco meses sólo se internó a una persona mientras que a otros 20 discapacitados que encontramos en situación de calle los reubicamos con sus familias, a las que les pagamos para que los cuiden, o los enviamos a una residencia de adultos o les conseguimos una actividad laboral”.
“Todas estas acciones –recalcó Cuello– son parte de la política que hemos implementado, donde hemos dado vuelta el concepto del sistema: la internación no es la única opción sino la última opción”.
