Enrique [email protected]
Mala situación que a uno lo tengan entre ojos, máxime si ese entrecejo es el de la DEA (Drug Enforcement Administration o en español Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas), el de Inmigraciones de los Estados Unidos, el de la Policía Nacional de Colombia, Interpol y por añadidura, la Policía Federal Argentina y la de Mendoza.
Esto le pasó a un centroamericano conocido como El Colombiano Toro, llamado en realidad Benjamín Armando Toro Toro, y a otras 6 personas, entre ellas, esposa de Toro, quienes fueron indicados en febrero de 2001 como parte de una banda que lideraba un complejo tráfico de drogas que triangulaba Colombia, con Argentina, Estados Unidos y Europa, y cuyos primeros días de la historia judicial ya fueron contados en una de estas crónicas, publicada el lunes 6 de junio.
El 21 de marzo de 2001 el tal Toro cayó preso. Estuvo detenido casi un año, hasta el 27 de diciembre de 2002, día en que recuperó la libertad después de que se le dictara la falta de mérito total y definitiva, el sobreseimiento y la excarcelación. En esa misma causa, que acumuló una decena de cuerpos, hubo más detenidos, muchos más. Todos corrieron la misma suerte que Toro: el sobreseimiento. Los únicos que pagaron culpas reales o, al menos, por tener consigo elementos que los transformaron en imputables, fueron algunos que cayeron presos en el extranjero con heroína, pero que no pudieron ser vinculados con la causa mendocina, pese a que muchos se esforzaron enormemente por que así fuera.
El expediente 83.108-A es escurridizo. En realidad fue un expediente mediático y muy difundido mientras convino, y se vendía como el desmembramiento de una de las bandas más importantes del país. Sin embargo, cuando se comenzó a derrumbar, se transformó en inhallable, en “de consulta exclusiva de las partes”. Toda la información que alguna vez se dio en conferencias de prensa acompasadas con trompetas y platillos nunca fue rectificada, ni siquiera completada, y quedó en los archivos periodísticos como única válida. Es que queda mejor anunciar que se detuvo a un narcotraficante en vez de que se liberó después de un año a un tipo sobre el que no se encontró ninguna prueba sólida que lo vinculara con semejante acusación.
La investigación quedó blanqueada el 28 de febrero de 2001. Un joven subcomisario, Juan Carlos Caleri, actual director de la Policía de Mendoza, golpeó la puerta del Juzgado Federal y entregó un informe, en el que pedía formarles intervenciones telefónicas y vigilancias, elaborando una teoría que transformaba a Palmira en nudo de una red de tráfico de estupefacientes.
Caleri decía en esos días que un palmirense había sido detenido en el aeropuerto Jhon Fitzgerald Kennedy con una maleta con doble fondo que tenía 1.800 gramos de heroína. En el mismo documento sostuvo que casi dos meses antes, el 8 de diciembre 2000, otro integrante de mismo grupo había sido capturado en el aeropuerto de El Dorado, en Colombia, con 1.788 gramos –también en un maletín con doble fondo– y que ya había otros dos detenidos, uno en Estados Unidos y otro en Europa, también con heroína que había partido de tierra mendocina.
Caleri indicaba contactos telefónicos fluidos entre quienes habían viajado al extranjero como mulas y los que estaban en Mendoza.
El 21 de marzo de 2001 en el aeropuerto mendocino Francisco Gabrielli personal policial detuvo al colombiano Toro y a dos personas más. No les secuestraron armas ni ninguna sustancia sospechosa. El informe incorporado al expediente apenas dice que los pasaportes, –los pasajeros tenían como destino final la capital colombiana previa escala en Santiago– tenían algunas deficiencias en las impresiones dactilares.
Inmediatamente se realizó una serie de allanamientos, especialmente en Palmira. No se halló droga en ninguna de esas requisas.
Sin embargo, se realizó una gran conferencia de prensa en Mendoza con la presencia del entonces ministro de Justicia Leopoldo Orquín, la Policía de Mendoza, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la DEA y hasta Interpol.
Desde ese 21 de marzo hasta el 27 de diciembre el colombiano Toro estuvo detenido por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
El resto de los aprehendidos también pasó largo tiempo en prisión.
Entre tanto, en Estados Unidos, según el relato que hicieron sus familias oportunamente a la prensa y en especial a Diario Uno, un joven de Chapanay y otro de Palmira pasaron largo tiempo en prisiones estadounidenses acusados de ingresar la droga a ese país.
La historia comenzó a abarrotar por 2001 las hojas de los diarios mendocinos. Los investigadores hablaban de tres grupos que desde Mendoza llevaban heroína a países del Primer Mundo.
La DEA, Interpol, las fuerzas federales argentinas y la Policía de Mendoza decían trabajar en conjunto desde cuatro años antes para desbaratar estas operaciones y las tres ramas de la organización.
Pero con el paso de los meses, la causa comenzó a sumergirse en el silencio. Ya no tenía incidencias que les interesara a los medios, según el criterio de aquellos funcionarios que tenían acceso a ella y que podían acercar información.
En la población de Palmira quedó guardado en la memoria el gran despliegue policial de los meses de febrero y marzo, y las peripecias que tuvieron que vivir las familias que tuvieron a sus hijos detenidos en el exterior. Pero nada más.
El 6 de junio pasado en esta columna se contó esa secuencia, esos pocos y primeros meses. Faltaba contar lo que ocurrió después, lo que callaron las fuentes oficiales, lo que no se informó en ninguna conferencia de prensa, aquella información a la que se podía llegar sólo siendo parte del expediente 83.108 o constituyéndose con un abogado.
En pasos sucesivos que comenzaron el 27 de diciembre de 2002 y que fueron beneficiando a cada uno de los acusados, los jueces que intervinieron en el expediente y cuyas decisiones fueron luego avaladas por la Cámara Federal, integrada todavía por Otilio Romano, Julio Petra y Alfredo Juan López Cuitiño, resolvió dictar la falta de mérito, el sobreseimiento y disponer la libertad de Benjamín Armando Toro Toro y de cada uno de los que fueron involucrados en el expediente.
“No hay un solo elemento de prueba que confirme las sospechas”, dice en esencia cada fallo. Todo se derrumbó como un castillo de naipes sobre los investigadores y, curiosamente, ¡nadie lo informó como lo habían hecho antes, cuando concretaron las detenciones y se habló de la Operación Palmira! Tan en silencio quedó ese fracaso que en abril de 2007 todavía seguían llegando pedidos de Interpol a la Justicia Federal mendocina para que informara sobre si alguno de los acusados en especial tenía o no todavía pedido de captura sobre su cabeza, ya que había sido visto en algún aeropuerto extranjero.
En la primera crónica se contó la primera parte de esta historia. En esta segunda, la más insólita, se cuenta el segundo y último capítulo, el que quedó olvidado para evitar aclarar que la difundida operación, terminó siendo solo un gran papelón.
