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Antes de irse del poder, ¿cambió algo del arreglo millonario con la Nación?

El acuerdo secreto de Cobos por Portezuelo

La discusión de esta semana por la promoción industrial trajo otra vez a escena el arregloextrajudicial que el Gobierno nacional y Mendoza firmaron en 2006, a instancias del entonces

gobernador, Julio Cobos, que establecía el envío de $1.000 millones en cinco años por parte delGobierno nacional para la concreción de la presa Portezuelo del Viento.
A cuatro años, la obra todavía no supera la etapa del proyecto ejecutivo (iba a comenzar aconstruirse en 2007, según la promesa oficial) y el Ministerio de Planificación Federal que conduceJulio De Vido sólo envió el 1% de los fondos comprometidos. En el camino, como parte del aquel acuerdo, Mendoza levantó en la Corte Suprema de Justiciala demanda que había iniciado por los perjuicios de la promoción y que había logrado obtener unfallo favorable del procurador. Esa pelea judicial podría ser muy similar a la que la Provincia seapresta a dar en la actualidad, luego del decreto 699/10 firmado por Cristina de Kirchner. El gobierno de Celso Jaque se defiende y señala a Cobos como el responsable de esteincumplimiento. Y ya no por haber acordado con la Nación el levantamiento del juicio a cambio deuna obra que todavía no existe ni en papeles. Sino por haber firmado otro convenio complementario,meses después de haber arreglado con la Nación, que según entienden, cambió radicalmente la formaacordada originalmente para el envío de fondos. Ese nuevo convenio, suscripto el 21 de noviembre de 2007, ratificaba que Portezuelo se iba aconstruir bajo las normativas que establece la cartera de De Vido y no como parte de un goteo anualde aproximadamente $150 millones hasta 2012, como se había arreglado. En otras palabras: el Gobierno de Mendoza de entonces acordó que la plata para la obra iba allegar a la provincia a medida que el trabajo avanzara y no como consecuencia de un cronograma quefijó, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 la Nación debía aportar casi $600 millones. Las crónicas periodísticas de ese día reflejan a un Cobos anunciando el envío de $14 millonespara hacer la obra. Pero nada se dijo entonces de la firma de un nuevo acuerdo, que se concretó conel subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián López. La relación del actual gobernador con Cristina hizo el resto. Hoy la administraciónjusticialista le apunta al ex mandatario (sólo llegaron $10 millones en total), pero fue el propioJaque el que ratificó el convenio de la polémica firmado por Cobos pocos días antes de irse delpoder. Y lo hizo a través del decreto 2315, publicado en el Boletín Oficial de octubre de 2008, conlo que le terminó dando validez legal a un convenio firmado en reserva, y que borraba con el codolo que se había acordado y votado en la Legislatura. Está claro que un decreto no puede estar por encima de una ley, pero así y todo el Gobiernose justifica. "Yo entiendo que la forma en que se firma el segundo convenio cambió la forma deenviar el dinero", sostiene Mariano Pombo, subsecretario de Obras Públicas. Por su parte, Juan Carlos Jaliff, titular del CONFE, admitió la existencia del convenio. Perodescartó que haya servido para cambiar las reglas de juego: "Esa adenda no entra a jugar, y sefirmó porque, si se mandaba la plata toda junta, ésta se iba a desvalorizar. No modifica para nadaal arreglo extrajudicial". En momentos en que recrudece la pelea por la promoción, desde el radicalismo piden ahora queJaque presione a la Nación por el cumplimiento del acuerdo inicial. Incluso, se barajó laalternativa de exigir que se deje sin efecto aquel arreglo. El secretario de la Gobernación,Alejandro Cazabán, no descartó esta opción. Pero Pombo plantea un callejón sin salida: "Mendoza yadejó el juicio de lado, y si ahora rompe ese acuerdo se quedará sin una cosa y sin la otra. Lo quehay que hacer es presionar para que la obra se haga". Ahora bien: Portezuelo no tiene fondos porque la Nación no los envía. Pero también porque elMinisterio de Infraestructura avanza lento. La obra –a cargo de la UTE Inconas-Ingetec-Lande– recién tiene hechos sus estudios defactibilidad. Y, a pesar de que debería haber estado terminado en agosto de 2009, el proyectoejecutivo no verá la luz hasta finales de 2010. Ya no está la posibilidad de que Mendoza cobre los$1.000 millones por los estragos de la promoción, tampoco que la presa se haga en los tiemposestablecidos. Y ahora, si no hay avance de obra, el dinero seguirá sin llegar.

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