Cecilia Osoriocosorio@diariouno.net.ar
En esta Provincia ya existían protocolos y el Gobierno había dicho que los aplicaría, pero todo quedó suspendido después de que el mandatario se pronunciara en contra del fallo que despenaliza la interrupción del embarazo tras una violación.
Diputados meten presión a Pérez para que implemente los protocolos para abortos
Un fallo emanado recientemente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la interpretación del máximo tribunal sobre el artículo 86 del Código Penal (incisos 1 y 2). A raíz del caso de una chica violada en Chubut que accedió al aborto luego de ser autorizada por la Justicia, la Corte opinó que las mujeres víctimas de violación –sean discapacitadas o no– tienen derecho a abortar sin ser penadas por la ley.
Exhortó a los máximos tribunales provinciales a tomar esta interpretación y a evitar judicializar los casos –el Código Penal establece que sólo hace falta para tal práctica en casos específicos una declaración jurada– y a las autoridades de los gobiernos a implementar protocolos de asistencia para las víctimas.
Y pese a que el gobernador Francisco Pérez negó que el fallo tenga un “efecto expansivo”, aduciendo que se trata de una interpretación para un caso particular, la Cámara de Diputados pedirá que se implementen los protocolos correspondientes para garantizar el derecho al aborto no punible, de algún modo, refrendando lo dicho por la Corte.
En la sesión de hoy será tratado un proyecto de la diputada Liliana Vietti (UCR) al respecto, que promete apoyo de un amplio sector, incluso oficialista.
Por estar inmersos en el período de sesiones llamado “extraordinario”, no se podrá presentar como una iniciativa con rango de ley. Pero “servirá para pedirle al Estado que elabore un reglamento que establezca cómo debe actuar el hospital en el caso de una solicitud de interrupción de embarazo producto de una violación”, dijo Vietti.
Para la legisladora radical, Mendoza es una provincia que “históricamente ha tenido una interpretación restrictiva del Código Penal”, es decir que admite el aborto no punible sólo cuando se trata de idiotas y dementes y aun en situaciones como éstas, tendiendo a judicializarlo.
“Lo que la Corte hace es dar su opinión, extenderla a los tribunales provinciales y los gobiernos, para evitar postergar los plazos con la judicialización y que el embarazo avance”, sumó la diputada radical, quien reiteró: “La Corte nos está diciendo: ‘Ésta es la forma correcta de leer el artículo’”.
La Provincia tiene experiencia en protocolos, por ejemplo, para casos de violaciones. Y mientras Diputados intenta avanzar en el camino definido por la Corte, el Estado local endurece su postura y busca alternativas.