El bloque de diputados del FPV-PJ de la Legislatura provincial presentó un proyecto de declaración que insta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a “que se aboque a analizar y resolver la situación de notoria gravedad institucional generada por las injustificadas y arbitrarias maniobras de bloqueo realizadas por un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura con el objetivo de impedir la designación de jueces naturales y constitucionales”.
Diputados del FPV de Mendoza piden intervención de la Corte
“En este sentido, resulta absolutamente necesaria una solución definitiva y expedita, y la intervención de nuestro más alto tribunal se constituye como el único remedio eficaz para resolver esta grave cuestión”, remarca la solicitud, presentada por los diputados Marina Femenía y Lucas Ilardo con el acompañamiento de todo el bloque al cual pertenecen.
Argumentando su posición, los legisladores justicialistas expresan que “observa que el rol que le ha asignado la Constitución nacional (al tribunal supremo) está siendo permanentemente obstaculizado por absurdas medidas judiciales dilatorias que tienden a impedir la aplicación de las leyes sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación, abusando ilegalmente de recursos que los códigos de procedimientos otorgan a las partes, en perjuicio de otro Poder”.
En consecuencia, los diputados del FPV-PJ le piden al máximo tribunal que revise “lo actuado por la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Federal en la tramitación del procedimiento de selección de jueces subrogantes para cubrir la vacancia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Federal Nº1, llevado a cabo en la tramitación de las actuaciones de Superintendencia caratuladas ‘Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Federal s/subrogancia del Juzgado Nº1 del fuero’, expediente 2.770/2009, y a suspender preventivamente los efectos de los actos administrativos adoptados por aquélla en el marco de dichos actuados”.
Finalmente, el bloque legislativo presidido por el diputado Gustavo Arenas manifiesta en su proyecto “la necesidad de que en el procedimiento de selección de jueces subrogantes se actúe de acuerdo al criterio establecido por el Honorable Congreso de la Nación en la Ley Nº26.376”.
La exhortación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su origen en el bloqueo virtual que sufre el concurso Nº258 que se tramita ante el Consejo de la Magistratura para cubrir diversas vacantes del fuero Civil y Comercial Federal, ya que entre éstas se encuentra la del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº1, ámbito que entiende en la causa iniciada por el grupo Clarín para evitar el cumplimiento de la norma Nº26.522 o Ley de Medios.
Esta normativa, que por primera vez otorga pluralidad en la distribución del arco comunicacional que representan los servicios audiovisuales en todo el país, fue sancionada democráticamente hace más de tres años por el Congreso nacional pero no puede ser promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional debido a que algunos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación realizan injustificadas y arbitrarias maniobras para bloquear la designación normal de jueces naturales y constitucionales que fallen en la causa de fondo como para que la norma entre en vigencia definitivamente.
De esta manera, la actitud de los magistrados cuestionados violenta el orden democrático y el principio de igualdad ante la Ley emanada del artículo Nº16 de la Carta Magna argentina, al atentar claramente contra el mecanismo de designación de los jueces establecidos por la Constitución nacional, tal cual lo ha expresado públicamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak.
Sistemáticamente, como complemento de esas maniobras que rozan la ilegitimidad, también se han observado serias irregularidades en el procedimiento de designación de jueces subrogantes tramitados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, particularmente en el caso de la vacancia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Federal Nº1, precisamente donde se tramita la causa del grupo Clarín.
Atento a estos antecedentes es que el bloque justicialista de la Cámara Baja local considera que el Tribunal Supremo debe tomar intervención en el tema suspendiendo preventivamente los efectos de los actos administrativos que van en contra de de la Ley Nº26.376.