Su titular, Alejandro Pérez Hualde, dijo que está obligado a no pagar los días de paro. Los judiciales aceptaron la oferta salarial y se resisten a devolver las jornadas de huelga. Hoy habría paritaria.

Después de un mes de tironeos, la Corte ratificó descuentos y los judiciales insisten con el aumento

Por UNO

Para entender el conflicto de la Justicia sin indignarse inútilmente hay que pensar en uncampeonato triangular de fútbol. Tiene tres equipos y uno, el Gobierno, ya culminó exitosamente su

participación. Falta ahora un solo partido: el del gremio judicial versus la Corte.

La analogía servirá para comprender por qué a pesar de que ayer los judiciales dijeron sí a

la oferta salarial del Poder Ejecutivo, la huelga continuará: la resolución de la disputa entre el

sindicato y los supremos está estancada.

"Salvo que la asamblea diga lo contrario, en estas condiciones el paro se mantendrá porque si

hay descuento no hay aumento y la huelga no tendría sentido, ya que el descuento sería equivalente

a un año de incrementos", aseguró el líder gremial, Carlos Ordóñez.

Ése es el motivo actual. Hace 48 horas la Suprema Corte decretó el no pago de los días de

paro y ayer, para que quedara claro que venía en serio, ordenó enviar al Ministerio de Hacienda las

listas para que no se abonen tres días de huelga de marzo.

Sin embargo, el martes pasado, los supremos le ofrecieron al gremio la alternativa de

devolver los 27 días de paro en las ferias de julio próximo y enero del año que viene.

Pero con el voto, los trabajadores rechazaron la propuesta y para ellos es innegociable. No

están dispuestos a plasmar en los papeles ese antecedente. Además, consideran que el no pago es una

sanción contra el derecho de huelga. Por eso el sindicato ofreció a cambio una contraprestación

social haciendo un aporte solidario de $20 mensuales por empleado durante dos años a un comedor

infantil para 100 niños.

Postura del máximo tribunal

La Corte ignoró esa opción y ayer por la tarde su presidente, Alejandro Pérez Hualde redobló

la apuesta: "Hemos llegado al punto donde la ley nos impide avanzar. La Corte ya se expresó ante un

reclamo idéntico del SUTE, por lo que no podemos pagar los días no trabajados. Tenemos la

obligación legal de descontar los días de huelga en que hayan participado los agentes judiciales".

Directo afirmó que "dentro de lo legal, la Corte acompañó en todo lo que pudo al gremio,

incluso en la parte económica".

Y luego fue implacable ante la consulta de que el no pago haría perder todo el aumento

logrado: "Yo no puedo decirle al gremio cómo hacer sus reclamos. Pero ellos podrían haber usado

otros instrumentos, como huelgas por una hora, trabajo a reglamento, asambleas. En cambio eligieron

la privación total del servicio de justicia".

Pérez Hualde y la Corte ya habían reforzado su postura en la mañana, con el no pago enviado a

Hacienda y firmando una acordada en la que convalidó que secretarios y prosecretarios (jerárquicos

de la Justicia) se comprometieron a devolver los ocho días de paro que realizaron trabajando en la

feria de julio, metiendo más presión al gremio.

Horas cruciales

Anoche corrió el rumor de que el Gobierno convocaría para hoy a paritaria con los judiciales,

seguramente para legalizar la suba, mientras el acuerdo con la Corte sigue lejos.

Por eso hoy y mañana se vienen horas claves para que ambas partes resuelvan el conflicto. Las

dos están presionadas: la Corte cree que está en juego su autoridad, el sindicato corre el riesgo

de que el aumento completo se esfume con el descuento, y en el medio el Gobierno quiere sí o sí

celebrar el 1 de mayo en paz y no con la Justicia paralizada.

Amplia mayoría

A las 7.30 de ayer el Poder Ejecutivo tenía la ñata contra el vidrio mirando hacia el Palacio

de Justicia para ver cómo se definía la propuesta salarial. Pero la asamblea se hizo rogar: después

de las 10 se votó con un amplio margen a favor del aumento. En toda la provincia la aceptación de

la última oferta cosechó 806 votos (63%) contra 470 (36%) que la rechazó. La votación se realizó a

la vez en el Sur, el Este y el Valle de Uco y fue aceptada salvo en Alvear, donde la negativa se

impuso 26 a 16.

En el Palacio de Justicia, sobre calle Patricias estaba la mayoría. Allí 510 trabajadores le

dieron el sí al aumento y 358 le dijeron no.