La Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras y Ambiente logró que comenzaran las actuaciones de la fiscalía tras un incendio en 2012. La empresa raliza análisis geoquímicos en su sede del carril Rodríguez Peña

Desde 2009 la DPA tenía conocimiento de la contaminación con plomo de la empresa Alex Stewart

Por UNO

Por Carina Luz Pé[email protected]

La Fiscalía de Estado pidió intervención de la Justicia federal para que investigue si existió el delito de contaminación del suelo, de acuerdo con la Ley 24.051, por parte de la empresa Alex Stewart, un laboratorio dedicado a determinar si en algunas zonas geográficas existen minerales en cantidad y calidad para su posible explotación. También realiza estudios de impacto ambiental.

En ese proceso de estudiar la roca viva, el laboratorio aplica una serie de químicos que derivan en residuos tóxicos, cuyo único tratamiento es su deposición final. Sin embargo, esta empresa, ubicada en el carril Rodríguez Peña de Maipú, habría triturado y enterrado esas piedras tal cual salían del laboratorio.

Además, el fiscal de Estado subrogante Javier Fernández ha iniciado un sumario administrativo contra la Dirección de Protección Ambiental (DPA) del Ministerio de Tierras y Ambiente, por “conducta ineficaz” ante los hechos, ya que consideró que desde organismo fueron “dilatando los tiempos de actuación”, “pidiendo descargos innecesarios” cuando debió actuar de inmediato.

Y una vez que lo hizo, colocó una multa de monto irrisorio al compararlo con el daño ambiental provocado. Según un análisis realizado por la Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, se corroboró la presencia en el suelo de cobre, zinc, cadmio, plomo y selenio.

La otra irregularidad consistía en que la empresa tenía habilitación para funcionar en Rodríguez Peña al 1140, mientras un segundo galpón, en el 1356 de esa arteria, también habían acopiado residuos sin tener las correspondientes habilitaciones municipales realizadas.

Todo este entramado era conocido por la DPA desde 2009, según consta en el acta 0001608, pero recién en 2012 luego de un incendio en la segunda dirección comenzaron las actuaciones de la Fiscalía. Actuaciones que determinaron el 14 de agosto pasado colocarle a Alex Stewart una multa de $10.000, por acopiar residuos en un lugar no habilitado formalmente y porque tales residuos no fueron incorporados a la declaración anual correspondiente.

La Fiscalía también pide explicaciones sobre la relación incompatible del funcionario de la DPA Daniel Marchiori, uno de los responsables de realizar las inspecciones correspondientes y que también trabaja como gerente de Seguridad e Higiene de la empresa.

Finalmente, el fiscal solicitó que sea informado a través del Ministerio de Ambiente en qué circunstancias fueron renovando los certificados de seguridad ambiental que deben cumplimentarse anualmente si ya se habían detectado estas irregularidades.

La denuncia fue realizada en principio a la DPA por un particular, Enrique Sánchez, titular de una empresa proveedora de servicios electrónicos, Electroconstrucciones, a quién le había encargado una serie de trabajos para poner a punto maquinaria necesaria para tal proceso químico a mediados del 2013. En poco tiempo, la relación que empezó bien terminó con un juicio inconcluso por una deuda impaga superior a $1 millón. El apoderado en ese momento de Alex Stewart es el actual director del hospital Notti, Eduardo Villarreal, a quien Sánchez acusa de ser parte responsable de fraguar documentación dónde él habría recibido tales pagos, pero no fue así en realidad. Esta causa está en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Claudia Ríos.

Sin embargo, esto no fue lo único que llevó a Sanchez a hacer la denuncia, sino la observación de que los procesos no eran realizados como indicaba la ley.

Alex Stewart también ha sido denunciada en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz, por hechos similares, donde vecinos autoconvocados impulsaron la pesquisa.

Javier Fernández explicó: “No está claro qué pasó con los residuos tóxicos ni dónde quedaron finalmente. Y eso era responsabilidad de la DPA aclararlo, porque no tienen remediación sino deposición final. Tampoco está claro porqué desde 2009 hasta 2012 no actuaron, y al intervenir fue lento, de manera parcial y con emplazamientos tras emplazamientos. Hay también un tema de incompatibilidad de funciones de parte de una persona que trabaja en la DPA y la empresa, y esto no fue ni investigado ni agotado por la DPA. Y finalmente, luego de 6 años recién le colocan una multa de $10 mil, un monto muy bajo”.

En este mismo acto, de colocar la multa, la misma DPA le solicita a la Universidad Tecnológica una nueva auditoría para volver a revisar todo el proceso que realiza la empresa desde la entrada de las muestras hasta la salida y guarda de residuos de ambos predios utilizados.

Mientras, el gerente general de Alex Stewart, Marcelo Tejada, negó todas las acusaciones realizadas por el fiscal y el denunciante, pero al mismo tiempo celebró que el caso llegara a la Justicia “porque no tengo nada que ocultar y todo esto es una locura de una persona enferma”.

Tejada explicó que su empresa tiene inspecciones regulares, de las mismas empresas que requieren de sus servicios y que han certificados normas ISO14001.

“El único error que cometimos es no haber declarado el segundo predio, dónde ocurrió el incendio, pero todo lo demás es un delirio”, indicó Tejada.

Además, reconoció que Marchiori trabaja en la firma pero dijo que “nunca hizo una inspección para esta empresa, yo no lo hubiera permitido”.

¿Qué se hizo? A informarEl ministro de Ambiente Guillermo Elizalde dijo a través de su oficina de prensa que informará a Fiscalía de Estado sobre todas las acciones realizadas respecto de la empresa investigada y que tomará medidas de ser necesario.

Alex Stewart Argentina SA hará su descargo a través de un abogadoDesde la empresa indicaron que llevarán a la Justicia todos los pasos dados para solucionar los problemas que siguieron al incendio del 2012 y sobre la segunda inspección en la que DETI determinó que no había más residuos en el sitio.