Un grupo de familias que pretendía edificar sus casas en un terreno que supuestamente era del Sindicato del Personal No Docente de la UNCuyo (SPUNC) formó una unión vecinal por sugerencia del gobernador, Francisco Pérez, para tener personería jurídica y tramitar algún tipo de solución.
Un grupo de personas que compró o financió un terreno en Guaymallén para construir el barrio SPUNC II, se enteró que el predio no era del Sindicato del Personal No Docente de la UNCuyo y que le pertenecía a un particular. Por sugerencia de Francisco
Damnificados del SPUNC esperanzados en las gestiones del gobernador
Este martes por la noche los damnificados del barrio SPUNC II, que iba a estar ubicado en Urquiza y Castro, de Villa Nueva, Guaymallén, se reunieron evaluar su situación y las acciones a seguir.
Una de las familias “estafadas”, como se sienten ellas, es la de Alejandra. Tiene 40 años, está casada con un ingeniero y tiene una nena de dos años y medio. Ellos ingresaron en el emprendimiento en 2012 que fue creado cuatro años antes.
“Entramos de manera errada porque confío en la UNC y después advierto que no es lo mismo el sindicato que la Universidad”, comenzó diciendo Alejandra.
En mayo de 2012 ella y su marido pagaron el terreno “al contado $60.000 que no financiamos, $14.000 por la urbanización, $3.000 por el proyecto, otros $4.600 por la carpeta técnica y una cuota sindical de $130 mensuales”, detalló Alejandra quien agregó: “Nos dijeron en su momento desde el Sindicato, las viviendas iban a ser construidas por RAD y Asociados Construcciones Civiles”.
Pero según contó la docente, apareció un particular diciendo que era el dueño del terreno que el SPUNC les había venido a ellos. Es decir, el Sindicato vendió una tierra que no le pertenecía, sostiene Alejandra y se encarga de aclarar que el verdadero propietario nada tiene que ver en la supuesta “estafa” que han sufrido.
Este hombre interpuso en la Justicia una medida de no innovar, por lo tanto sobre el terreno no se puede edificar nada. Sin embargo, “desde el SPUNC nos dicen que ya está todo solucionado y que pronto van a comenzar a construir. Eso mentira”, sentenció Alejandra.
Llevados por la desesperación y el dinero invertido, que saben que no pueden recuperar, solicitaron una audiencia con Francisco Pérez. “El Estado no tiene por qué regalarnos nada pero me da esperanzas que el gobernador y su equipo nos hayan sugerido crear una unión vecinal, obtener la personería jurídica y así podemos avanzar en otras soluciones”, destacó la docente.
Alejandra y su familia como el resto de las damnificadas actualmente alquilan y el sueño de la casa propia, por el que pagaron al contado o financiaron, estuvo cerca pero sólo era una ilusión. Ese anhelo hoy está lejos y las esperanzas están puestas en alguna solución del Estado provincial.
