Si la Justicia local se aboca a casos menores de venta de drogas ilegales, la federal podría dedicar sus pocos recursos a la investigación de casos más grandes y a perseguir bandas internacionales. Los fiscales provinciales podrían, por ejemplo, dictar órdenes de allanamiento y actuar con mayor celeridad.
Cairo compartió estas motivaciones y explicó que para pedir la adhesión se basó en experiencias exitosas de provincias que se sumaron a esta ley, como Córdoba.
En cuanto a auspiciar la discusión, Cairo explicó que deben esperar a mayo, ya que el proyecto fue presentado en diciembre, durante el período extraordinario de sesiones, en el que sólo se discuten proyectos presentados por el Ejecutivo o bien se le puede pedir permiso al gobernador para discutirlo antes de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo.
En cuanto a los demócratas, creen que el tratamiento de este proyecto no debe acotarse a sumarse o no a la iniciativa nacional. Para ellos, tal y como lo afirmó el diputado Aníbal Ríos, lo importante sería abordar la problemática con un plan diseñado en la provincia. “A nosotros estos problemas nos gusta resolverlos a la mendocina, con ideas y propuestas propias”, soltó Ríos.