Por Ignacio Zavala [email protected]
La Defensoría de Personas con Discapacidad emplazó al Gobierno provincial a que en 72 horas informe las medidas concretas que aplicará en centros de atención a discapacitados, luego de que comprobara que en tres de ellos los pacientes con problemas físicos o mentales viven en condiciones infrahumanas.
Tras una exhaustiva investigación, que incluyó inspecciones sorpresivas y secretas, profesionales de la Defensoría pudieron constatar que en el Instituto Jorba de Funes y en otros albergues privados que gozan de aportes estatales –uno de Palmira, otro de Capital y una familia de apoyo– los pacientes viven en “condiciones de extrema indignidad”, según describió el defensor de personas con discapacidad, Juan Carlos González.
Por eso ayer al mediodía el organismo que dirige le presentó al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos la dura resolución, donde le pidió medidas urgentes. “Hemos comprobado muchas deficiencias a nivel edilicio, mucho descuido, falta de higiene y ausencia de actividades recreativas. Básicamente son depósitos de personas”, graficó el sociólogo en diálogo con Diario UNO.
Y detalló los escenarios con que se encontraron los investigadores. “Comprobamos que hay casi nulo registro de historias clínicas, falta de controles, falta de personal capacitado. En algunos casos había mucha suciedad, excrementos, acumulación de basura”, señaló González.
Inspecciones secretasLa falta de controles frecuentes a los albergues para discapacitados ha agravado la situación. Por eso, la Fiscalía de Estado intimó al Ministerio de Desarrollo Social a sancionar a los responsables y aplicar medidas para solucionar las irregularidades administrativas detectadas.
Por eso, la Defensoría optó por emplear otras técnicas de recolección de datos. “Aplicamos inspecciones sorpresivas y secretas, con lo cual hemos podido acceder a la verdadera cotidianeidad de los albergues. Los controles habituales pierden el factor sorpresa o la calidad secreta y muchas veces se encuentran con escenarios bastante armados”, explicó González. Y agregó: “Esta investigación nos ha permitido ver cosas que habitualmente no se ven en estas instituciones”.
Piden rápidas medidasAl tratarse de una instancia prejudicial, la Defensoría no tiene potestad para ordenarle al Gobierno provincial que tome medidas. Pero puede intimarlo a realizarlas antes de acudir a una instancia judicial.
“Se emplaza a 72 horas hábiles para que el Ministerio informe la medidas inmediatas a tomar. De no cumplirse estos plazos o de no efectuar esas modificaciones para que les sean garantizados los derechos a estas personas, la Defensoría va a estimar acciones de carácter jurídico a nivel provincial, nacional e internacional si fuera necesario”, advirtió el defensor.
Y concluyó: “El Gobierno está frente a una gran oportunidad, que es la de resolver un tema histórico. Por lo tanto, tenemos que velar y ponernos a disposición para que esto ocurra”.
