Caso Böhm: denuncia pone en duda la salud mental del juez

Además, en el escrito que justifica la solicitud de juzgamiento los legisladores aseguran que hay que sumar a lo antes dicho su avanzada edad (78 años). “Con lo que entendemos y afirmamos que, salvo prueba en contrario, no se encuentra capacitado plenamente para prestar la función de juzgador, lo que evidentemente no solo en el caso fáctico antes mencionado base del presente pedido de juicio político sino también en todos los demás casos en que intervenga está en peligro evidente el servicio de justicia, con el consiguiente perjuicio para terceros litigantes que acuden al tribunal en busca de justicia”, argumentaron los legisladores.

En el Ejecutivo existe desde el 2004 una ley (7.192) en la que están contemplados estudios psicofísicos para los jueces, e incluso para los ministros de la Suprema Corte, pero no se ha reglamentado hasta el momento.

La ley 7.192 busca que a los jueces y ministros de la Corte se los someta periódicamente a exámenes psicofísicos para garantizar su buen estado de salud física y mental. El autor de esta ley es el legislador de mandato cumplido Oscar Ligonié (PD). Diario UNO dialogó con Ligonié y este manifestó que no entiende por qué nunca se reglamentó la norma, porque dentro de su mismo texto estaba muy claro cómo debía realizarse.

El coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, Raúl Vicchi, aseguró que actualmente la Corte determina que a algunos jueces se les realice este tipo de estudios. Generalmente sucede cuando un juzgado se atrasa mucho con las causas, o cuando se presenta algún inconveniente que obstruye su buen funcionamiento.

“A mi criterio, no sé si esta ley sería constitucional”, subrayó Vicchi, y argumentó que podría ir contra los derechos constitucionales de las personas. A modo de ejemplo dijo que es como si se obligara a un juez a hacerse un estudio de ADN.

La existencia de esta legislación fue sacada del olvido cuando en 2009 el ex funcionario de Celso Jaque y actual ministro de la Corte Mario Adaro enviara un paquete de proyectos de ley a la Legislatura con respecto al funcionamiento de la Justicia. Uno de ellos buscaba implementar estos estudios psicofísicos a los magistrados, situación ya contemplada en esta ley sin reglamentación.

Con respecto a la situación de la ley 7.192, desde la Secretaría Legal y Técnica dijeron desconocer los motivos por los cuales no se ha reglamentado, pero explicaron que sus tres artículos pueden ser perfectamente aplicados sin necesidad de que el Ejecutivo los reglamente. Para los dos primeros –se refieren a exámenes físicos y psicológicos de los jueces– debería modificarse el reglamento del Consejo de la Magistratura. En el caso del tercero –realización obligatoria de los mismos estudios para los ministros de la Suprema Corte– sería por una acordada de la Suprema Corte.

Antes de finalizar, Gustavo Tobares, el secretario legal y técnico, aseguró que como miembro del Consejo por el Ejecutivo planteará la implementación.

Por qué lo acusan de mal desempeño

Los legisladores Gustavo Valls y Patricia Gutiérrez dejan en claro en el escrito presentado para solicitar el juicio político por qué lo acusan de mal desempeño en las tareas de funcionario público. Aseguran que se puede decir que se configura el mal desempeño cuando un magistrado ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su función. Es decir que no cuenta con la idoneidad suficiente para mantener el cargo, entendiendo como condiciones de idoneidad, entre otras, la buena conducta personal, salud física, equilibrio psicológico, independencia, imparcialidad, e integridad.

Paco pide revalidación del cargo

El gobernador Francisco Pérez también se refirió al pedido de juicio político contra el juez de la Suprema Corte Carlos Böhm, y dijo que se pondrá a estudiar la causa. Además reiteró su pedido de realizar una revalidación del cargo cuando se supera la edad jubilatoria. En este caso el magistrado tiene ya 78 años.

“Tengo que estudiar la causa, al doctor Böhm lo conozco desde lo personal, además hemos compartido algunos momentos de militancia y su hijo es compañero de trabajo –Luis Böhm es titular de Agua y Saneamiento Mendoza-AYSAM–. En esto hay que ser muy cuidadoso y vamos a ver en la Labor Parlamentaria cuáles son los elementos que han llevado a esta denuncia”, afirmó Pérez desde Guaymallén, donde participó en la entrega de viviendas.

Paco remarcó: “No estamos en contra de la edad sino de la reválida a partir de la edad jubilatoria. Es decir que no se le otorgue de manera vitalicia la validez cuando se aprueba el pliego en el Senado, sino que una vez que se cumple la edad jubilatoria para todos estos tipos de funcionarios jerárquicos constitucionales sean revalidadas sus capacidades, su situación psicofísica”. Además dijo que la permanencia en los cargos luego de sobrepasar la edad de retiro “es un debate que le cabe a la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General e la Gobernación y la Fiscalía de Estado”.

Caso de la ex jueza

• 2001. La ex jueza Stella Ontiveros sufrió un accidente de trabajo en su despacho tras tropezarse con unos cables. Se cayó y el golpe en una rodilla le produjo una lesión en los meniscos. Debió ser operada.
• 2005. Según consta en los estudios, la mujer nunca quedó bien. Este año se le detectó un infarto óseo, por lo que debieron colocarle una prótesis. No trabajó durante 5 años.
• 2007. Se le pidió un Jury de Enjuiciamiento, del que se apartó Carlos Böhm por ser su amigo. En ese momento volvió al trabajo hasta que renunció. Luego presentó una demanda al Estado por $4.638.000 pero sólo se le otorgaron $718.000.

Importancia de los estudios en las personas mayores

Uno de los argumentos utilizados por los legisladores para solicitar el pedido de juicio político al juez Carlos Böhm (78) hace referencia a su “salud psicofísica” y al “deterioro mental que informa la conducta del denunciado”. Especialistas consultados por UNO explicaron en qué consisten los exámenes para personas de edad avanzada, algo que desde 2004 se debería exigir a los magistrados porque existe una ley.

“Hay un deterioro mental normal por desgaste funcional a partir de los 65 años que se denomina etapa senectud, donde hay un deterioro leve fisiológico acorde a la edad”, explicó el médico psiquiatra Juan Reboredo.

Consultado sobre los procedimientos que se realizan normalmente a adultos mayores, el profesional indicó: “Se realiza una evaluación de las funciones mentales superiores de memoria, atención, coherencia de pensamiento, capacidad de tomar decisiones, entre otras”.

Por su parte, el médico geriatra y gerontólogo Félix Nallim precisó que “normalmente se realiza una batería de test que se utilizan para poder darnos cuenta en qué grado el individuo está deteriorado. El deterioro puede ser a nivel de la memoria, de la atención, del cálculo; depende de qué zonas cerebrales estén dañadas”.

“Hay que agregar exámenes a nivel cerebral como una tomografía computada, una resonancia magnética y una escala de valoración geriátrica. A partir de ahí uno puede tener una idea de cuál es el grado de deterioro”, añadió el gerontólogo.

Para Reboredo sería recomendable realizar evaluaciones periódicas a personas de más de 65 años en funciones. “Cuando son personas con un alto poder de decisión y que han pasado la edad jubilatoria deberían hacerlo. Sería bueno hacer estudios sobre todo a gente con un alto poder de responsabilidad como un juez, que debe estar en condiciones para ese nivel de toma de decisiones, pero siempre avalado por una ley”, apuntó el psiquiatra.

Nallim se mostró más optimista: “El hecho de que una persona tenga 78 años no significa que pueda estar deteriorada y que su cerebro no esté bien. No es condición sine qua non para declararla incapaz”, señaló. Y cerró tajante: “El envejecimiento es un fenómeno asincrónico y particular. Es una situación individual, tanto que ni los órganos del cuerpo envejecen en el mismo tiempo”.