No habrá miramientos ni vuelta atrás para maestras y maestros que dejaron las aulas para dedicarse a una de las llamadas "misiones especiales" en Mendoza. Sí o sí deberán volver a dar clases.
Esas "misiones" no tienen que ver directamente con la educación y se realizan en diversas áreas del Estado.
Aquellos que estuvieron en "misión" hasta el 9 de diciembre de 2015 deberán retrotraer su situación y presentarse el 29 de febrero al lugar en el que fueron nombrados.
Así reza la resolución 36/15 de la Dirección General de Escuelas, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El titular del gobierno escolar, Jaime Correas, confirmó la decisión y aseguró que tiene el apoyo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es más, según sus palabras, "hay total voluntad política del gobernador de que así sea. La determinación es que caigan todos estos permisos y después se decidirá si se tiene que rever algún caso", manifestó el funcionario.
Sin registro
Acerca de cuántos casos son y en qué funciones se encuentran en lugar de estar frente al aula, Correas explicó que no se tiene el número específico "porque insólitamente, no hay ningún registro que lo muestre, pero lo vamos a tener", se comprometió el director.
Pero ¿cómo funciona el sistema? A través de una normativa de la DGE, los docentes que eran convocados para otra actividad que no tenía que ver con su profesión podían tomar esa tarea. Así, existen casos de profesionales que fueron convocados para trabajos muy diferentes, desde realizar actividades administrativas, hasta ser asesores en la Legislatura, o bien desempeñarse como secretarios en alguna dependencia del Estado.
Lo cierto es que la figura de las "misiones especiales" se creó a fin de cubrir tareas necesarias, en primer lugar para la DGE. Así, por ejemplo, si había que buscar a un programador informático para desarrollar un software y un docente tenía conocimientos en esta área podía tomar la tarea. Sin embargo, la misión especial tenía una duración acotada en el tiempo y luego debía volver a dar clases. Pues bien, se detectaron irregularidades ya en la gestión anterior. La más frecuente tiene que ver con que los períodos caducaban y el maestro no volvía a su actividad.
El problema es que eso se traduce en más gastos para el Estado, que le reserva el cargo al docente que está en esa situación, pero también debe pagar un remplazo.
Por eso, la idea es identificar todas estas situaciones, registrarlas, evaluarlas y luego decidir en qué casos continúa siendo necesario que el educador permanezca en estos lugares especiales. "Pero en primer lugar, haremos lo que convenga a la DGE. Los favoritismos, las afinidades políticas y las amistades no serán motivos valederos", puntualizó el director de Escuelas.
Una situación de vieja data
La promesa de recuperar para las aulas a los docentes con misiones especiales la realizó la ex directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer (FPV), a comienzos del ciclo lectivo 2012. En ese momento, la ex funcionaria de la gestión de Francisco Pérez había advertido de que retrotraerían la situación de 2.000 casos.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, la ex titular de la DGE dijo que volvieron 1.000 profesionales de la educación a dar clases y luego, no hubo más declaraciones, aunque se supo que Vollmer recibió presiones políticas para no quitarles a algunos maestros -sobre todo los que tenían compromiso político y dentro de su mismo partido- esta figura legal que los amparaba para no volver a las aulas.
En la actualidad no se sabe exactamente cuántos son, si el número se mantuvo, si aumentó o disminuyó. Lo que sí está claro es que la idea es reducir el permiso a la mínima expresión posible. Y en esos menesteres se encuentra el gobierno escolar.
Un sistema abúlico
Se sabe que la DGE es una de las áreas más complejas y burocráticas del Estado. No sólo por la cantidad de empleados con los que cuenta, sino porque en esa maraña de administrativos y administrados, generar normativas, ponerlas en práctica y controlar que se cumplan se vuelve una tarea titánica.
Sin embargo, el nuevo director se ha propuesto agilizar el sistema, por ejemplo, con los cambios de funciones. En algunos casos, hay maestros que quieren volver al aula, pero le dan turno para el examen psicofísico para después de siete meses. Un tiempo demasiado prolongado para un trámite que debería ser más sencillo.
-Sin Registro. El actual jefe de la DGE aseguró que no hay datos de cuántos son los maestros en "misión". Tampoco se sabe a qué tarea específica se abocan.
-Faltaba apoyo político. La ex titular de este cargo, María Abrile de Vollmer, no pudo cumplir con este objetivo. El problema fue que recibió presiones y no tuvo apoyo de sus jefes políticos.
