Lo hizo el director del servicio penitenciario. El tribunal debe definir si permanece allí o si le da prisión domiciliaria, lo que es resistido por los organismos de derechos humanos.
Califican de "buena" la situación de alojamiento de Otilio Romano en el penal de San Felipe
“Lo calificaría de regular a bueno, teniendo en cuenta que el alojamiento del sistema penitenciario tiene “bueno” como tope”. Con esas palabras el director del servicio penitenciario, Eduardo Orellana definió la situación del ex juez federal Otilio Roque Irineo Romano, quien pidió en las últimas semanas el arresto domiciliario, lo que provocó el enojo y la preocupación de los organismos de derechos humanos, que lo vieron como una posibilidad de que se vuelva a fugar, tal como lo hizo hace tres años, cuando se fue a Chile un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura y donde luego pidió asilo político cuando la Justicia Federal pidió su detención por un centenar de crímenes cometidos entre 1975 y 1983.
Orellana fue uno de los tres testigos durante la jornada de este martes en la megacausa por delitos de lesa humanidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 que se centró en las condiciones de encierro del ex juez federal para que de esa forma los jueces pudieran determinar si conceden la prisión domiciliaria u ordenar que el ex magistrado siga alojado en el penal de San Felipe, en un pabellón donde permanece junto a ex miembros de las fuerzas de seguridad.
Según explicó Orellana ante los magistrados, si bien San Felipe tiene superpoblación de internos, no es el caso del pabellón donde se encuentra alojado Romano, que tiene capacidad para 60 personas y está ocupado por 56 o 57 personas.
El funcionario sostuvo además que en el caso de Romano, en mayo de este año se recibió una orden de parte del tribunal para que se le garantizara la asistencia médica a raíz de su patología por lo que se lo suele trasladar para ser atendido por especialistas en neurología, cardiología, oftalmología, hematología y para tratar su diabetes, además de que se hizo un programa de trabajo y se tomó el compromiso de informar todos los meses sobre los análisis médicos realizados.
“Se formó un equipo interdisciplinario de 20 personas para él y para otros internos”, explicó Orellana, quien señaló que el pabellón para ex miembros de fuerzas de seguridad donde se aloja Romano solo puede albergar a 60 personas y que existe la orden de que no se pase de ese número, para evitar que se mezclen con otros internos y surjan problemas.
Además, el funcionario sostuvo que hay un médico de guardia y especialistas en algunas áreas específicas como psicología y psiquiatría para atender cualquier problema de los internos, además de tener en este momento una ambulancia a disposición del penal y en veinte días recuperar otra que es afectada especialmente al pabellón donde está alojado el ex juez federal.
En cuanto a las condiciones, aseguró que ese sector es el mejor de San Felipe, lo que también es ayudado por la buena convivencia entre los internos, que duermen de a tres en cada celda, cuentan con seis heladeras de uso común, un día de visita y un día de deportes y en este caso, bajo un régimen de puertas abiertas en el pabellón, indicó Orellana.
Los dichos de Orellana fueron confirmados por el procurador de las personas privadas de libertad, Fabricio Imparada, quien explicó que todas las semanas visita San Felipe y que el pabellón donde Romano se encuentra está “en muy buenas condiciones de higiene, es un lugar bien mantenido teniendo en cuenta la población”.
A favor del ex juezLa polémica por la posible prisión domiciliaria de Romano comenzó a mediados de agosto, luego de que el perito de la Corte Suprema de Justicia Florencio Casavilla la recomendara tras revisar al ex juez en San Felipe.
Según Casavilla, en febrero se pidieron ciertas condiciones médicas para Romano que no fueron cumplidas, como así también la dieta alimenticia del ex magistrado.
No solamente eso, sino que aseguró que se vivía en hacinamiento, con falta de higiene y resaltó la falta de voluntad de las autoridades carcelarias con él, lo que le valió un pedido de disculpas.
Justamente Casavilla se mostró molesto porque aseguró que desde la cárcel no lo acompañaron, ni le facilitaron hacer su trabajo durante la visita hecha el 14 de agosto.
Incluso, en los tribunales federales explicaban que en el informe de Casavilla, contrario a que Romano permanezca en prisión, se le adjudicaba gran responsabilidad al gobierno provincial al haber hecho mal su trabajo en cuanto a la atención al perito forense.
No obstante, manifestaron que la situación del ex juez no será resuelta en los próximos días y estimaron que pueden pasar algunas semanas antes de tomar una decisión sobre el futuro del ex magistrado.
