Mendoza Sábado, 24 de febrero de 2018

Buscan regular por ley las alarmas y su instalación

La legislación vigente del sector es obsoleta y no contempla los sistemas electrónicos. Hoy no son fiscalizados.

(UNO - Luis Amieva)

El avance vertiginoso de la tecnología y sus constantes actualizaciones no ha sido ajeno al sector de la seguridad pública ni privada. Cuando esta se contrata, de forma exclusiva e independiente, son tan variadas las ofertas que nos ofrecen en sistemas electrónicos que, supuestamente, nos cuidan. Sin embargo, hoy la actividad no está regulada, ya que la Ley de Seguridad Privada mendocina -la N°6.441- es obsoleta y está casi en su totalidad abocada a la seguridad física.

Eso es lo que buscan que se modifique, a través de una ampliación de la legislación para que incluya los servicios de monitoreo, alarmas e instalaciones.

Poder ejercer un control y una fiscalización, con el amparo de un marco regulatorio, es el objetivo tanto del sector empresarial como del público. Para esto, que evitaría la clandestinidad y permitiría que los sistemas sean realmente seguros, trabajan en el armado de un anteproyecto referentes de la Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad Electrónica de Cuyo (CEMSEC), que ya han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad y con la diputada Analía Jaime (UCR), interesada en abordar el tema.

"Nos regimos por algunas normativas que hay sueltas, pero actualmente no existe una ley que regule a las empresas que hacen monitoreo en sistemas de seguridad, que nos diga, por ejemplo, qué requisitos se deben cumplir. Algo que asegure que los técnicos tengan cierta idoneidad en las instalaciones, que esta respeta ciertas normas o que las centrales de monitoreo, cuando se dispara algún sistema de alarma, cumplan protocolos y procedimientos", expresó José Marón Abdala, presidente de esta cámara a nivel regional.

Este empresario adelantó que hay algunas intenciones a nivel nacional de que exista una ley federal, pero que ellos, a su vez, trabajan en promover que por ahora exista un marco legal provincial como en otras provincias, entre ellas, San Juan.

De este modo, el Estado podría fiscalizar que, ante todo, la empresa esté habilitada para brindar el servicio.

"Para que no venga el plomero y te ponga un sistema de alarmas o, por ejemplo, si ponés un Rapipago en un barrio, lo que pone en riesgo a todo un sector por lo tentador que esto resulta para un robo, que tengan que poner un sistema que esté monitoreado", detalló Marón Abdala, acerca de algunas situaciones que hoy no pueden exigirse formalmente, ni tampoco multarse, por ende.

De acuerdo a las propuestas que se han aprobado en otras provincias, desde CEMSEC detallaron que deberían existir categorías, según se hable de una zona residencial, de un comercio o una empresa, para determinar qué tipo de sistema y cómo debe funcionar.

Para que esto sea regulado, desde esta cámara han mantenido reuniones con referentes del Ministerio de Seguridad y están trabajando en el armado de un cuerpo legal que, de ser aprobado, sirva para que se actualice la reglamentación vigente. En esta instancia también participa Jaime (UCR), que sería la responsable de que este proyecto ingrese a la Legislatura.

"La mayoría de las leyes tienen prácticamente el 99% destinado a regular la seguridad física. Nunca se trató de lleno la seguridad electrónica por una cuestión obvia, que es la modernidad. La nuestra es de 1997 cuando no se vislumbraba el auge que hoy tenemos de lo electrónico", comentó Fabián Moyano, director del Repar-Repriv, en alusión a la Ley N°6.441, que abarca a la seguridad privada, pero sin especificar lo relacionado a sistemas de monitoreo, alarmas e instalaciones.

Desde el Gobierno ya han avanzado en regular la actividad de vigiladores, pero quieren avanzar en los sistemas en los que interviene la tecnología.

"Hoy hay infinidades de posibles controles y monitoreos reales, a través de personal propio o a distancia. Hay un abanico muy amplio de ofertas. Pero hay casos, por ejemplo, en donde sólo el servicio llega hasta la instancia en que suena una alarma, pero no se verifica por qué y el aviso llega tanto al propietario como a la policía. Tendremos que ver entonces cómo lograr que no se utilice una herramienta pública para un beneficio de una empresa", agregó Moyano, dando otro de los ejemplos de cómo la ley podría limitar también algunos malos usos que actualmente se tienen del servicio de seguridad pública.

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