Avanza en la Legislatura un proyecto que plantea la modificación de la Ley que regula el funcionamiento de la fuerza policial para impedir que los uniformados mantengan su derecho al uso del arma reglamentaria cuando han sido denunciados por violencia de género.
El proyecto del legislador Lucas Ilardo, recibió el voto afirmativo por unanimidad debido a los últimos y resonantes hechos de violencia perpetrados por efectivos pero durante la sesión se consideró que estos casos son "aislados".
La modificación parcial a la Ley Nº 6722 establecerá una "restricción de la portación del arma de dotación, consistirá en la suspensión del derecho a la portación, transporte y tenencia del arma de dotación, en virtud de haberse adoptado alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y/o 4º de la Ley Nº 24.417 (Ley de Protección contra la Violencia Familiar)".
La restricción durará el tiempo que se encuentra en vigencia la medida adoptada por el juez, previo a levantar la sanción se deberá realizar un examen de aptitud psicológico.
