La jueza Marcela Ruiz Díaz decidirá la semana que viene si acepta o rechaza la acción de amparo contra el decreto del gobernador Suarez que restringe la circulación de personas según el último dígito del DNI en este contexto de pandemia de coronavirus.
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El planteo fue presentado a fines de abril por un grupo de abogados que consideran que el mandatario mendocino se excedió en sus atribuciones y terminó avasallando las libertades individuales.
La resolución, que sucederá en el Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada, es el último eslabón de una larga cadena, ya que antes de que la jueza tome una decisión previamente deben opinar otros actores involucrados.
Ya lo hicieron Fernando Simón por la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno en nombre del Ejecutivo provincial.
Este jueves, el expediente llegó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, donde el titular, Alejandro Gullé, lo está estudiando para dictaminar.
Recién cuando Gullé haga su parte el caso volverá al despacho de Ruiz Díaz, quien quedará en condiciones de resolver si el planteo de los letrados es procedente o no.
Otros casos
La cuarentena derivó en la apertura de diversas causas judiciales en Mendoza.
Lo más impactante son las más de 5.000 imputaciones a quienes violentaron la imposibilidad de circular por las calles sin motivo permitido desde el 20 de marzo. Pero también sucedieron otros casos, que están en proceso de investigación y recolección de pruebas.
Dos involucraron a dos médicos: el veterinario Sergio Dalla Torre y el traumatólogo Augusto Bosshardt.
El primero fue denunciado por el Colegio de Veterinarios de Mendoza por haber recomendado, a través de un video en Youtube, la utilización de un medicamento de uso animal en humanos. Específicamente para curar congestiones y estados gripales, problemática de alto impacto social porque se estaba al comienzo del aislamiento por COVID 19.
A Bosshardt, uno de los dueños de la Clínica Francesa, le inició una causa de oficio el fiscal Fernando Giunta. Fue luego de que el traumatólogo dijera, al comienzo de la Semana Santa, que personal de la salud pública provincial infectado con COVID 19 estaba trabajando en hospitales.
Ambos casos están en desarrollo, ya que se aguarda el fin del aislamiento social colectivo para citarlos a indagatoria.
En las útimas horas, Giunta sumó otro caso de alto impacto público: la investigación por violación de la cuarentena sobre todas las personas y las instituciones vinculadas con el homenaje y el cortejo fúnebre a Roque Julio Pérez, el emblemático hincha del Tomba fallecido este martes.
El fin de semana, la fiscal Mariana Cahiza había iniciado una pesquisa por violación de la cuarentena por el festejo de dos cumpleaños al que asistieron más de treinta personas.
La circulación de un video derivó en un escándalo que fue noticia nacional y desembocó en el accionar judicial.
Involucró a una funcionaria de alto rango de la comuna de La Paz que terminó renunciando, y a otras cinco personas, entre éstos un funcionario de Salud, que fue apartado del cargo. Todos fueron imputados.