El fiscal estatal Jack Campbell, del segundo circuito judicial de Florida, abrió una investigación por posible desvío de fondos públicos hacia Hope Florida, una fundación benéfica encabezada por Casey DeSantis, esposa del gobernador Ron DeSantis. Así lo informaron este martes el Miami Herald y el Tampa Bay Times.
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis junto a su esposa Casey, en una fotografía de archivo. Crédito: EFE/EPA/Adam Gray/POOL.
La investigación del fiscal de Florida
EFE informó que la oficina del fiscal del condado de León confirmó que hay “una investigación abierta y en curso” luego de que varios medios preguntaran sobre el destino de los $10 millones que recibió Hope Florida del Estado.
Durante un evento público, periodistas cuestionaron al gobernador sobre la indagatoria. DeSantis defendió con firmeza a la organización dirigida por su esposa, afirmando que “este ha sido un programa muy exitoso, ha cambiado muchas vidas” y aseguró que las críticas tienen motivaciones políticas.
El evento donde habló DeSantis tenía como objetivo resaltar los logros de Hope Florida, incluyendo una alianza con la Cámara de Comercio de Florida y CareerSource. Según él, esta colaboración ayudó a más de 3.000 personas de bajos ingresos a conseguir empleo, recibir entrenamiento y acceder a nuevas oportunidades.
Casey DeSantis, en una fotografía de archivo. Crédito: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich.
Demócratas solicitaron una investigación
Sin embargo, la polémica escaló la semana pasada. Un grupo de congresistas demócratas solicitó una investigación federal. Alegan que los $10 millones donados a la fundación fueron parte de un acuerdo extrajudicial entre el Estado y la empresa Centene, en el marco de un caso relacionado con la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (AHA).
De ese monto, $8.5 millones habrían sido transferidos por Hope Florida a un comité de acción política (PAC), que luego donó dinero al Partido Republicano de Florida. Esta cadena de movimientos generó preocupación incluso entre algunos republicanos, ya que la ley estatal exige que estos fondos se depositen en cuentas fiduciarias o en el fondo de ingresos generales, bajo control legislativo.
