Mauricio Miranda, abogado especializado en responsabilidad civil educativa, se encontró por primera vez con un caso de bullying tan grave que derivó en una internación psiquiátrica y una condena inédita: “En Mendoza no hay antecedentes como este. Es el primer fallo que reconoce la responsabilidad del Estado por no haber actuado ante el acoso escolar”. La sentencia ordenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) pagar una indemnización de $3.717.781,82, más intereses, a la familia de la víctima.
Por primera vez, un fallo determina que la DGE debe indemnizar a la familia de una niña mendocina.
El abogado contó que conoció a la familia por otro reclamo, cuando un hermano de la niña se fracturó en una escuela. “Yo me especialicé hace más de 20 años en daño en establecimientos educativos, hice mi tesis sobre la responsabilidad civil de las escuelas. He llevado casos por fracturas, cortes, caídas. Pero esto fue distinto. Nunca me había llegado un caso de bullying, y menos uno tan grave”, aseguró en diálogo con “Gracias por el día”, de radio Nihuil.
La historia empezó en 2021 cuando una niña de 11 años comenzó a sufrir agresiones constantes por parte de un compañero de grado. Según el fallo judicial, el hostigamiento incluyó golpes, zancadillas, escupidas e incluso que le tirara alcohol en los ojos. Miranda explicó que el patrón de violencia era reiterado y que “la forma de vincularse de este niño era a través del maltrato”.
Bullying: "El padre del nene alentaba"
Lo más grave, sin embargo, llegó más tarde. “Después de meses de reclamos sin respuestas, un día la nena se cruzó en la puerta del colegio con el agresor y su familia. El padre del nene alentaba a su hija mayor a que golpeara a las hermanitas de la víctima. Esto no fue negado por la escuela. Está asentado en los libros de novedad”, relató el letrado.
“Cuando llegó la madre, se encontró a la nena descompensada. La escuela había decidido encerrarla en una habitación con sus agresores, como una forma de ‘limar asperezas’. No había mediador, no había protocolo, no había nadie. Eso dice la pericia psicológica”, detalló Miranda.
Según explicó, ese encierro fue determinante para el colapso emocional de la niña: “La reacción de la institución fue revictimizante. Es un disparate haberla encerrado con quienes la agredían. Desde ese momento, su salud mental se deterioró gravemente”.
Ese episodio provocó una crisis de angustia en la menor, quien debió ser internada en el hospital Notti durante cuatro días.
La pericia médica determinó que la niña sufrió un daño psicológico con una incapacidad del 18%, que afecta su autoestima, autoimagen y habilidades sociales. Hoy, ya en la secundaria, sigue sin poder asistir a clases. “Se le aplica lo que se llama ‘Escuela Protegida’: un docente va a su casa. No puede estar en un aula”, explicó Miranda. Peor aún: en uno de los intentos por cambiarla de colegio, el mismo agresor terminó inscripto en la nueva institución. “No sé cómo pasó, pero volvió a cruzárselo”, agregó.
Qué dice el fallo de Iermoli Blanco
El fallo judicial fue dictado por la jueza Jorgelina Iermoli Blanco, del Segundo Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza. En su resolución, la magistrada destacó que la escuela no cumplió con su deber de garantizar la seguridad psíquica y física de sus alumnos. “No existía protocolo de actuación ante sospecha de bullying, ni apoyo psicológico, ni intervención oportuna de un gabinete especializado”, apuntó.
Además, remarcó que durante ocho meses el colegio solo se limitó a confeccionar actas y realizar llamados a la reflexión, sin tomar ninguna medida efectiva. “Los llamados a reflexionar no cambiaban la conducta del agresor”, resumió Miranda.
La jueza también criticó que, tras la internación, la escuela decidiera cambiar de turno a la víctima y no al agresor, lo que derivó en que la niña perdiera a sus amigas y su red de contención. “Eso fue una nueva forma de castigo para ella”, opinó el abogado.
Pese a que la Dirección General de Escuelas intentó defenderse argumentando que el acoso ocurrió fuera del ámbito escolar y que las consecuencias no derivaron de los hechos denunciados, la jueza fue contundente. “La relación entre el menor y la escuela es una relación de consumo: si uno entrega a su hijo sano, debe recibirlo sano. Si no, hay responsabilidad”, subrayó Miranda.
Daño moral a la menor y a su familia
El fallo indemniza con más de 3,7 millones de pesos a la familia por daño moral, monto que fue calculado también considerando la posibilidad de que los padres puedan comprar una computadora para su hija y facilitar su estudio en casa. Sin embargo, la jueza descartó incluir los gastos médicos dentro de la reparación económica.
Consultado sobre la posibilidad de que la DGE apele la decisión, Miranda respondió: “Sí, pueden hacerlo. Tienen cinco días para interponer el recurso ante la Cámara. Pero los fundamentos de la sentencia son muy sólidos. La jueza hizo un trabajo formidable”.
Finalmente, el abogado reflexionó sobre la importancia de este fallo: “Este caso marca un precedente. No se trata solo de esta niña. Es un llamado de atención a todas las escuelas, a todo el sistema educativo. El bullying no puede seguir siendo tratado como algo menor, algo que se soluciona con un acta. Se necesita intervención profesional, protocolos claros, y sobre todo, una actitud activa para proteger a los chicos”.