La decisión de Milei dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para obras en Bahía Blanca, exenciones impositivas y créditos blandos
Las inundaciones en Bahía Blanca causaron estragos.
El Gobierno nacional vetó la declaración la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, donde el temporal de marzo causó graves daños y muertes.
La ley 27.790 había sido aprobada por el Congreso el 4 de junio y quedará sin efecto tras la publicación del Decreto 424/2025, difundido este martes en el Boletín Oficial y que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
La decisión dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones “la reconstrucción de Bahía Blanca, que iba a destinarse a tareas de asistencia, obras edilicias, exenciones impositivas, suspensión de obligaciones contractuales y créditos blandos.
El Gobierno argumentó que vetó la ley que creaba el fondo ya que previo a la sanción de la ley se había creado otro fondo especial de asistencia directa y se otorgaba un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones, “el cual actualmente es gestionado y administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en su carácter de Autoridad de Aplicación”.
El decreto también cuestiona que la ley “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".
Con el veto total, el proyecto regresa al Congreso, pero no podrá convertirse en ley a menos que ambas cámaras lo aprueben nuevamente con mayoría especial. Por el momento, queda archivado y sin efecto, dejando a los damnificados sin la red de asistencia económica que contemplaba la norma original.
La decisión reaviva tensiones con intendentes, legisladores y sectores productivos del sur bonaerense, que esperaban medidas adicionales para enfrentar las consecuencias del desastre climático.