El presidente Javier Milei dispuso la privatización total de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. En esta resolución se apunta a la venta de las acciones a privados para ejecutar las obras de infraestructura necesarias.

Se trata del decreto 494/2025 mediante el cual se sostiene que la empresa siempre fue deficitaria y que a pesar de las transferencias que se han realizado por parte del Estado no mejoró su situación.

"Surge de los estados contables de agua y saneamiento, entre los ejercicios de los años 2006 a 2023 que el Estado realizó transferencias del tesoro nacional a AYSA por USD 13.400.000.000. Y que desde su creación ha sido deficitaria y dependió de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional", se argumenta en el decreto que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

Los argumentos de la venta de AYSA

Privatización de AYSA
El gobierno de Milei pasa la motosierra por AYSA y la privatiza. Es la segunda empresa después de IMPSA.

El gobierno de Milei pasa la motosierra por AYSA y la privatiza. Es la segunda empresa después de IMPSA.

Como la posible cura a una empresa estatal mal administrada, según el decreto, es su venta.

"Que para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AYSA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa", se detalla.

De esta manera y cómo la única forma de revertir la situación "es con inversión privada", reza el decreto, se ordenó la privatización total de AYSA.

La decisión afecta a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de numerosos partidos del Conurbano bonaerense, donde la empresa presta sus servicios.

De esta manera, Milei busca desprenderse del 51% de la participación estatal.

El DNU, que fue publicado el martes con un primer decreto de la venta, fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto por la Ley 26.122

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