Mientras el gobierno nacional sostiene que cumple con la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad mediante actualizaciones mensuales por inflación y mecanismos de compensación para los prestadores, las instituciones del sector denuncian que los aranceles mantienen un atraso acumulado de más del 100%, que persisten deudas millonarias de Incluir Salud y que existe incertidumbre sobre el otorgamiento de nuevas pensiones y prestaciones.
Debate
Emergencia en Discapacidad, entre el discurso oficial, los pagos demorados y las pensiones en el limbo
El sector de las personas con discapacidad se movilizó frente al Congreso.
Foto: Noticias ArgentinasLa protesta resurgió este miércoles después de que la Cámara de Diputados aprobara el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con el proyecto que busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027.
El reclamo de las organizaciones de personas con discapacidad, prestadores, centros de rehabilitación y familias se sostiene sobre una situación que, aseguran, excede la actualización de los valores que viene haciendo Nación desde febrero: advierten que los atrasos en los pagos y la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles ponen en riesgo la continuidad de distintos servicios.
La postura de Nación: “El gobierno cumple con la ley de Emergencia en Discapacidad”
La postura oficial es la misma que mantuvo el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni en el último informe de gestión que se presentó en el Congreso: “El gobierno cumple con la Ley N° 27.793 y su Decreto Reglamentario N° 84/2026”.
Uno de los principales argumentos es que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas efectivamente cuentan actualmente con un esquema de actualización mensual vinculado al IPC del INDEC.
Y que para efectuar el pedido de compensación del desfasaje de facturación registrado entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 que reclaman los prestadores, se habilitó la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
De acuerdo con la información oficial, fueron recibidos más de 20.000 expedientes, que se encuentran en distintas etapas de evaluación y liquidación. De ahí la demora.
El problema de Incluir Salud
Otro de los puntos de conflicto es el Programa Federal Incluir Salud, que atiende a personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con una obra social.
En el último informe, Nación reconoció demoras en los pagos y las atribuyó a un proceso de reordenamiento estructural, luego de detectar circuitos fragmentados y fallas de control.
En ese contexto, la administración nacional informó que entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 la deuda acumulada alcanzó los $69.559 millones entre 770 prestadores.
La crisis del sector de Discapacidad
Las organizaciones del sector tienen otra lectura sobre el funcionamiento del sistema. Si bien reconocen que durante los últimos meses se aplicaron aumentos, advierten que esos porcentajes se calculan sobre valores que ya habían quedado muy atrasados frente a los costos.
Por eso, según profesionales y cámaras del sector, el desfasaje arancelario pasa el 100% respecto del costo real de las prestaciones.
La situación, sostienen, afecta especialmente a centros de día, escuelas especiales, instituciones de rehabilitación y servicios de transporte adaptado, que deben afrontar aumentos en salarios, insumos, alquileres y servicios mientras cobran con valores que consideran insuficientes.
A esto se suman los atrasos en los pagos. Y en el camino, las instituciones se siguen endeudando para poder prestar los servicios.
El último aumento de aranceles
La última actualización fue de 2,10%, en agosto.
Para el gobierno nacional, este mecanismo de actualización por inflación permite darle previsibilidad al sistema. Para los prestadores, en cambio, el problema es que la inflación se aplica sobre una base que ya consideran atrasada, por lo que los aumentos no alcanzan a recomponer la pérdida acumulada.
A este escenario se suma el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo denominado Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que propone modificar el esquema vigente y eliminar la universalidad del nomenclador para que los valores sean fijados de manera descentralizada y trimestral por cada obra social, prepaga o jurisdicción provincial.
Pensiones por discapacidad, otro frente de incertidumbre
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral constituyen otro de los puntos sensibles del sistema.
A marzo de 2026, último dato oficial, había 1.148.175 beneficiarios activos en todo el país.
Las auditorías que encaró Nación quedaron paralizadas ante la catarata de medidas cautelares de la Justicia Federal y en el camino quedaron los resultados definitivos para conocer concretamente qué porcentaje de las pensiones auditadas presenta efectivamente irregularidades.
Lo que resaltan desde el gobierno es que el sistema atraviesa una transición. La idea es pasar de la PNC a la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
El inconveniente es que, mientras tanto, organizaciones y las familias denuncian dificultades e incertidumbre en el trámite y otorgamiento de nuevos beneficios.
En pocas palabras
- Emergencia en discapacidad: organizaciones denunciaronn atrasos del 100% en aranceles y deudas de Incluir Salud.
- Postura oficial: el gobierno asegura cumplir la ley con actualizaciones mensuales por inflación.
- Pensiones en limbo: incertidumbre sobre otorgamiento de nuevas pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
