En el año 2009, Pedro Andrés Gatica fue condenado a perpetua por matar a su nieta de 5 años. La ultimó de un balazo en la cabeza. Tiempo después fue trasladado a la alcaldía de Bariloche. El 15 de marzo le otorgaron prisión domiciliaria por considerarlo dentro del grupo de riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 por su estado de salud.
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El asesino tiene 60 años y optó por cumplir su condena en la casa de un familiar en San Antonio Oeste, en Río Negro.
Cuando los vecinos se enteraron de lo que estaba pasando, firmaron un documento para echarlo de la zona. Se organizaron a través de las redes sociales para repudiar la excarcelación, por lo que las autoridades le pusieron un custodio policial para evitar un linchamiento.
Desde el Consejo Local de Seguridad de esa provincia expresaron su rechazo a través de un comunicado. En el documento, consideraron que se trata de un “preso peligroso”, por lo que pidieron la anulación de la prisión domiciliaria. “Sentimos que nos encontramos al amparo de una justicia que cada vez está más lejos del bien común“, publicaron.
En tanto, el intendente de la ciudad, Adrián Casadei, anticipó en una carta pública que denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los funcionarios judiciales que le concedieron la domiciliaria a Gatica.
“No sólo que proceder a mejorar la condición de detención del condenado es repudiable y reprochable. Sino que encima le entregan la domiciliaria en San Antonio Oeste, de manera callada y solapada“, indicó el jefe municipal.
Finalmente añadió que todo se hizo “sin intervención de la víctima en el proceso. Todo esto previo al aislamiento social y preventivo obligatorio, antes de que este intendente decidiera cerrar los ingresos a la ciudad”.
