Catherina Gibilaro
cgibilaro@diariouno.net.ar
Fue elevada a juicio como estafa agravada una causa contra la ex concejala de Luján Paola Rodríguez (PD). La edila percibía el sueldo de una supuesta empleada puesta por ella al sólo efecto del cobro, pero que no trabajaba en la Comuna.
La historia data de 2007, cuando Rodríguez le manifestó a su prima Blanca Lizarde que concurriera a la Municipalidad lujanina para firmar un recibo por la suma de $2.000 y que ese dinero se lo tenía que entregar a ella.
Lizarde, ajena a la maniobra, concurrió a cobrar en la Comuna la suma indicada como si fuera una empleada más, pero con el compromiso por parte de Rodríguez de que ella le entregaría unos pesos de ese monto.
También le hizo obtener una tarjeta Banelco para acceder directamente al cajero automático y así evitar concurrir a la Municipalidad.
Concretamente, cobraba ese dinero como si fuera a trabajar pero, en cambio, nunca iba.
Un día, Rodríguez le pidió que le entregara la tarjeta porque iría ella misma a retirar el dinero del cajero. A partir de ese instante también dejó de pagarle unos $300, como lo hacia desde que la involucró en el hecho.
Ante esto, Lizarde decidió denunciarla penalmente y la causa recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos, en ese momento a cargo del fiscal Santiago Garay.
Al iniciarse la investigación, el fiscal mandó a pedir el extracto de la cuenta al banco y así se detectó que a Lizarde le hicieron acreditaciones de haberes pagados por la Municipalidad de Luján durante cinco meses.
Los pesquisas también ahondaron en la investigación e hicieron averiguaciones respecto de la mujer en la Municipalidad, donde les dijeron no sólo que nunca trabajó allí, sino también que no la conocían.
Con todo esto, y antes de tomar cualquier medida contra Rodríguez, el fiscal Garay le solicitó al juez de Garantías Gabriel Mangiafico la suspensión de la persecución penal (es lo que se estila en el caso de los arrepentidos, según el inciso 5 del artículo 26 del Código Procesal Penal; tal es el caso de Lizarde). El magistrado accedió al pedido de Garay.
Una vez obtenido esto, el fiscal de Delitos Complejos procedió a indagar a la ex concejala, a quien además imputó en los últimos días por el delito de estafa agravada a la Administración Pública, que es excarcelable.