La Justicia falló a favor de la Argentina tras una demanda de España para que los vinos de la provincia argentina no pudieran llevar la denominación de origen.
Vía libre a La Rioja
Por UNO
La Justicia argentina ratificó, en una segunda sentencia, que los productores de la región de La Rioja de Argentina pueden utilizar el nombre como denominación de origen.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de emitir una sentencia favorable a los productores vitivinícolas de la provincia de La Rioja, quienes "podrán utilizar la denominación en origen de sus vinos".
La Cámara confirma así el pronunciamiento previo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la demanda promovida por el Consejo Regulador de la DOC Rioja (España) contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y que pretendía que los productores de argentinos no pudieran usar la denominación La Rioja en sus vinos, por la supuesta confusión que podía generarse en el consumidor.
El tribunal federal en primera instancia consideró que las pruebas aportadas por el Consejo Regulador no demostraban ni acreditaban la eventual confusión o inducción al error de los consumidores, sino que el añadido Argentina al nombre de la región productora era un "efectivo y contundente término diferenciador que no deja lugar a duda de que La Rioja Argentina es un producto proveniente de la República Argentina".
En este sentido, la sentencia determinó que "el aditamento diferenciador es el nombre del Estado de donde efectivamente proviene el producto, distándolo significativamente de su homónimo español». Además, el fallo señalaba que las autoridades andinas «tomaron todos los recaudos necesarios que establece el artículo 23 del Acuerdo de Derecho de Propiedad Intelectual en el Comercio (Adpic), que dice que, en el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación".
Asimismo, el fallo recordaba que, según dicho acuerdo internacional, "cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error".
Estos argumentos, planteados por el INV en la defensa, fueron tenidos en cuenta por el tribunal de alzada que finalmente confirmó.
