La fiscalía solicitó medidas cautelares contra los acusados por "cuasidelito de homicidio", entre los que se encuentran antiguos cargos de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
Iniciaron juicio a ocho funcionarios por su desempeño en el terremoto de 2010
Por UNO
La Justicia chilena inició un juicio contra ocho funcionarios trasandinos por incumplimiento de sus deberes tras el terremoto de 27 de febrero de 2010. Se los culpa presunta responsabilidad al no alertar a la población del tsunami posterior al sismo que causó numerosas víctimas y daños materiales.
La Fiscalía solicitó medidas cautelares contra los imputados por "cuasidelito de homicidio", entre los que se encuentran antiguos cargos de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
Mario Andina, quien era teniente de la Armada y quien debió asesorar al director del Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada (SHOA) fue acusado por la Fiscalía de haber incumplido sus deberes la madrugada del 27 de febrero y haber entregado información errónea a la Onemi, lo que derivó en una serie de equivocaciones que ocasionaron muertes tras la fallida alerta de Tsunami en las costas de Chile.
Luego de la audiencia de formalización desarrollada este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Andina argumentó que él y el capitán de corbeta Andrés Enríquez realizaron una labor adecuada durante esa trágica madrugada.
"Creo que asesoré de buena forma al director del SHOA (…) la justicia dirá lo que tenga que decir en su momento y yo no me quiero referir a nada mientras no termine el proceso de formalización y el juicio. Confío plenamente en la justicia", señaló el otrora oficial de la Armada.
Asimismo, Andina dijo que desde su punto de vista el SHOA dio la alerta cuando se debía, según la información que existía en ese momento. "Sobre lo que ha dicho la fiscal o el Ministerio Público no me voy a referir por el momento, pero negligencia no hubo en ningún caso", aseguró.
En tanto, el abogado Luciano Fouillioux, quien representa a la ex directora de la Onemi Carmen Fernández que también se sentó en el banquillo este lunes, calificó como "apreciaciones subjetivas" las realizadas por la Fiscalía que enfatizó el desconocimiento técnico que tenían los funcionarios de la Onemi sobre una emergencia como la vivida en Chile.
El sismo de 8,8 grados en la escala de Richter del 27 de febrero de 2010 y el tsunami posterior causaron 524 muertos, 800.000 damnificados y US$30.000 millones en pérdidas.
El sistema de alerta de tsunami falló, provocando una gran indignación política en Chile.
