El caso se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los Derechos Humanos que fueron presentadas ante la Corte de Apelaciones de ese país.

Chile inició por primera vez una investigación por la muerte del ex presidente Salvador Allende

Por UNO

La Justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del ex presidente

Salvador Allende, fallecido el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe militar de Augusto

Pinochet, informaron fuentes judiciales.

El caso del ex mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por

violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia que fueron presentadas

ayer por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals.

La fiscal presentó las querellas ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de

representante del Ministerio Público Judicial, quien ahora deberá indagar las circunstancias de la

muerte de Allende, que siempre se ha atribuido a un suicidio en el interior del Palacio de La

Moneda (sede de gobierno).

Las causas presentadas ayer corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos

ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían

abierto hasta ahora acciones judiciales.

Los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un

horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en

el tiempo.

Las querellas se presentan después que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de

Chile Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectó que

existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones

interpuestas por sus representantes.

Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en

esta situación y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet murieron unas 2.300 personas

a manos de agentes del Estado, de las cuales unas 1.192 tienen aún la condición de detenidos

desaparecidos.