Una multitud de personas colapsó Barcelona en una histórica marcha separatista convocada en el día nacional de Cataluña, que potenciada por la crisis, se convirtió en un desafío al gobierno de Mariano Rajoy.
En un ambiente folklórico y festivo, dos millones de personas, según los organizadores, y un millón y medio, de acuerdo con la policía local, se manifestaron bajo el lema “Cataluña, nuevo Estado de Europa”.
Antes de que comenzara la marcha, como ocurre en cada fecha patria, un grupo de jóvenes radicales independentistas quemaron banderas de España, la Unión Europea y Francia.
"El pueblo ha tomado Barcelona", afirmó la presidenta de l`Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carmen Forcadell, convocante de la marcha.
Al grito de "in-inde-independencia", los manifestantes recorrieron la ciudad condal sin rumbo fijo, debido a que la marcha superó todas las previsiones.
Predominaban las pancartas con mensajes como “Catalunya is not Spain” (Cataluña no es España) o “Freedom for Catalunya” (Libertad para Cataluña) y las “esteladas” (banderas independentistas) .
El presidente regional, el nacionalista moderado Artur Mas, quien el próximo 20 de septiembre se reunirá con Rajoy en el Palacio de La Moncloa para reclamar un “pacto fiscal”, advirtió que si la propuesta es rechazada “el camino de Catalunya hacia la libertad está abierto".
Mas abrió la jornada festiva afirmando que “Cataluña nunca estuvo tan cerca de la plenitud nacional. Cada día que pasa, más y más catalanes se incorporan al sentimiento de decidir libremente nuestro futuro como nación”, dijo el presidente regional al pronunciar el tradicional discurso que da comienzo a la Diada, tras el cual cientos de personas marcharon con antorchas por el centro de Barcelona.
“Cataluña produce suficientes recursos para vivir mejor de lo que vivimos. No hay batalla ni reto más urgente que la soberanía fiscal. Y más ahora”, subrayó el presidente en referencia a su reclamo de una hacienda propia y al rescate de 5.023 millones de euros pedido por Cataluña a Rajoy.
Mas no asistió a la marcha, pero sí buena parte de los miembros de su Ejecutivo, en un intento por evitar que la jornada de reivindicación patriótica sea monopolizada por los separatistas y, en cambio, sirva para marcar el pulso con el Ejecutivo de Rajoy en función de sus intereses más inmediatos como el pacto fiscal.
Esta propuesta, aprobada en julio por el parlamento regional, es inaceptable para el Ejecutivo del PP, que no está dispuesto a perder más poder que el ya cedido a Bruselas y, ante la oportunidad que ofrece la crisis, busca avanzar hacia un modelo de gestión más centralizado que choca con el poder de autogobierno regional instaurado en España tras la dictadura franquista.
Cataluña, la comunidad autónoma más rica de España, que aporta el 18,5% del PIB (Producto Interior Bruto), se vio obligada a pedir recientemente un rescate al gobierno español, que si bien confirmó que le dará un anticipo para evitar su default, advirtió que las ayudas estarán condicionadas.
Sin embargo, esta condicionalidad supondría una “usurpación del poder autonómico”, según Mas.
La manifestación separatista fue una demostración de fuerza, pero en ella confluyeron sentimientos identitarios con la bronca e indignación que sientes miles de ciudadanos afectados por la crisis económica que vive España desde hace cuatro años.
En plena crisis del euro, que amenaza los cimientos de la propia Unión Europea (UE), la manifestación separatista en Cataluña supone una llamada de atención para el gobierno de España y Bruselas.
Según la encuesta de junio del instituto de Estadísticas oficial, el 51,1% de los catalanes respaldarían la independencia en un referendo, frente al 24,3 % de hace dos años.
Sin embargo, estas cifras se ven matizada cuando se traducen en la realidad electoral catalana, puesto que las fuerzas separatistas no representan ni el 30% del electorado.
A pesar de ello, la adhesión al independentismo parece estar cobrado fuerza en medio de la debacle económica, ante el evidente fracaso de la gestión de un Estado plurinacional, y el incremento del centralismo que impone el derechista Partido Popular (PP) desde Madrid.
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