Héctor Acosta hizo lugar a la presentación de la Cámara de Comercio de San Rafael. El Poder Ejecutivo Nacional puede apelar la medida.

Un juez mendocino suspendió el decreto de Cristina sobre promoción industrial

Por UNO

El juez Héctor Raúl Acosta, del Juzgado Federal de San Rafael, ordenó hoy suspender preventivamentela acción del decreto 699 del Ejecutivo Nacional que relanzaba la promoción para provincias

vecinas.

La medida del magistrado sureño le fue comunicada a las 10 al representante legal de la

Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, entidad que el lunes presentó la acción

cautelar para frenar esta nueva promoción industrial que, entienden, perjudica a Mendoza y

especialmente a San Rafael.

La resolución del fuero federal sureño resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada

por el Dr. Pablo Sebastián Calleja, en representación de la actora y en su consecuencia suspender

preventivamente el decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, ordenando al Estado Nacional, en

la persona de la Sra. Presidenta de la Nación Argentina, se abstenga de dar operatividad al mismo

hasta que recaiga sentencia definitiva en la presente causa".

La resolución también impone "fijar caución juratoria que se tiene por rendida merced al

ofrecimiento hecho a foja 58 por el representante de la actora y de acuerdo a las facultades

otorgadas en el Poder obrante en fotocopias a Fs. ½".

En comunicación con

Diario

UNO, el abogado de la Cámara de Comercio, Pablo Calleja, señaló que la medida "

suspende preventivamente la vigencia del decreto hasta tanto haya resolución definitiva", para lo

cual puede pasar un tiempo largo.

El abogado precisó que mientras esta resolución judicial este vigente "no se puede aplicar el

decreto".

Ahora deberá ser notificado el Poder Ejecutivo Nacional, quien probablemente apele la

sentencia, por lo que seguramente el tema después pasará a la Cámara Federal de Apelaciones de

Mendoza. En l camino político, habrá que esperar cómo siguen las acciones iniciadas tanto en el

Congreso como a nivel Ejecutivo, porque como señalaron desde la entidad sureña, "ahora empieza un

juego de ajedrez". Un retroceso del decreto en lo político podría poner en abstracto las

actuaciones judiciales.