Por Paola Alé
Una reunión entre el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, el de Desarrollo Social y Derechos y Humanos, Guillermo Elizalde, y las representantes de ATE y Ampros, Raquel Blas y María Isabel Del Póppolo, frente a la jueza María Fontemachi, realizaron un acuerdo para que situaciones como la ocurrida el martes durante el motín en el correccional de menores -ex COSE- tengan un plan de contingencia inmediata.
Lo trascendental de acuerdo es que los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil no actuarán más en situaciones violentas, tampoco harán requisas.
Para esto se creará un cuerpo especial de operadores, entrenados en el Instituto de Seguridad Pública, pero que no formarán parte de la policía.
Serán unos 20 nuevos trabajadores de seguridad. Esto porque la ley 26061, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo prohíbe exrpresamente.
Para llevar tranquilidad a los empleados, que se encuentran sin realizar actividades (una especie de paro que se denomina "retención de servicios") los delegados de ATE y Ampros realizarán una asamblea en la cual se leerán los puntos del acuerdo, y entonces se determinará si se levanta o no la medida. Según Raquel Blas la decisión se tomará dentro de unas horas.
