Por Soledad Segade
El Servicio Penitenciario denunció a 41 penitenciarios por haber truchado el título secundario para ingresar y trabajar en las cárceles provinciales y fueron suspendidos de sus funciones. Estos se suman a los otros 11 agentes que fueron denunciados en junio por la adulteración de esa misma documentación.
En menos de tres meses 52 penitenciarios fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Gobierno luego de haber detectado la adulteración de los títulos secundarios para permanecer en la fuerza.
Luego de haber detectado los primeros 11 casos que fueron denunciados en junio, se hizo un relevamiento de los legajos de los 950 agentes que entraron al Servicio Penitenciario desde 2008, cuando se estableció que se podía ingresar a la fuerza por más que no tuviese el secundario terminado con la condición de completarlo en un plazo de 36 meses.
De ese relevamiento se detectaron unos 100 títulos dudosos y fue la Dirección General de Escuelas quien confirmó que 41 de ellos habían sido adulterados, los cuales fueron denunciados ante la Justicia en la Unidad Fiscal Nº 1.
Es la primera vez en la historia del Servicio Penitenciario que 52 agentes debieron ser suspendidos y separados de sus cargos, hasta que la Inspección General de Seguridad decida qué hará con el personal.
Su futuro depende de la Inspección
Mariana Herrero, presidenta de la Inspección General de Seguridad, señaló a diariouno.com.ar que los 11 carceleros que fueron denunciados en junio continúan sumariados y están en la etapa de su defensa.
Dijo que cada caso es investigado de forma individual y estimó que la Inspección llegará a un dictamen dentro de un mes y medio.
Como aún no fue resuelto ninguno de los 11 casos, estos agentes permanecen en disponibilidad y además de estar separado de sus cargos cobran sólo la mitad de su salario hasta que se resuelva su situación, según explicó a este portal el demócrata Diego Arenas, integrante del directorio de la I.G.S.
“Es una situación muy compleja, grave y preocupante porque se trata de gente que tiene experiencia, formación, conoce su tarea y hasta tienen buenas referencias”, sostuvo Arenas.
A pesar de lo que ocurra con cada caso, la I.G.S. deberá aplicar un castigo que puede ir desde una sanción menor, como 10 días de suspensión, o llegar hasta una cesantía dependiendo la gravedad del delito.
Otro punto es que los agentes que adulteraron sus títulos secundarios para trabajar en el Servicio Penitenciario no fueron imputados por la Justicia, pero en caso que sean condenados la Inspección no tendrá otro remedio que exonerarlos.
Las nuevas 41 denuncias que se realizaron en la mañana del miércoles serán tratadas de la misma forma q los 11 anteriores. “Serán sumariados e indagados individualmente, hasta resolver cada caso”, aseguraron desde el directorio del organismo.
