Por estos días circuló la información de que la Municipalidad de San Martín habría dado marcha atrás con la implementación de las infracciones por exceso de velocidad con el sistema de foto multas. La realidad es que el sistema está en pleno funcionamiento y que solamente un decreto, firmado a principios de diciembre pasado, deja sin efecto las infracciones labradas en dos sitios puntuales de la ruta 7 solo en algunos casos, por carencias en la cartelería vial.
Un decreto, el 2.990 firmado por el intendente Jorge Giménez el 2 de diciembre del año pasado, hizo lugar a algunos descargos de supuestos infractores. En ese decreto se anularon las infracciones labradas a automovilistas que habían sido captados por el sistema de cámaras, circulando a más de 80 kilómetros por hora (pero a menos de 110km/h), en el kilómetro 998 por la Ruta Nacional 7 (zona de Buen Orden) con dirección al Este.
En el decreto se argumenta que esta medida responde a que, si bien el límite de velocidad en ese lugar es de 80 kilómetros por hora, la cartelería vial que así lo advertía, fue robada y no fue repuesta. Por tal motivo, debido a que la duda debe beneficiar al supuesto infractor, se decidió anular la infracción.
Después, si bien no se libró un nuevo decreto, la medida también se extendió por el mismo motivo, a las infracciones que fueron realizadas en el kilómetro 1.009, en el carril que conduce hacia el oeste.
Por estos días la información de esas decisiones fueron interpretadas erróneamente y se comenzó a asegurar que todo el sistema de fotomultas había quedado sin efecto y que las infracciones cometidas no debían ser pagadas.
La aclaración
Este martes, desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Martín, se confirmó que el sistema sigue operando y se aclaró el motivo de las infracciones dejadas sin efecto.
Sin carteles que indiquen la velocidad máxima en esos lugares, que es de 80km/h, no puede sancionarse legalmente a quienes la superen. Sin embargo sí quedan firmes aquellas multas que se efectuaron a quienes circulaban a más de 110km/h, velocidad máxima permitida en cualquier punto de una ruta nacional.
También están firmes todas aquellas infracciones por exceso de velocidad efectuadas en cualquier otro punto de la ruta, en donde la cartelería sea visible para el automovilista y también aquellas en donde la cartelería establezca como permitida una velocidad máxima inferior a los 110km/h.
Lo que no confirmó la comuna es si en los casos que ahora revisados y en donde el automovilista ya haya pagado la multa, ese dinero será devuelto o tenido como crédito para futuros pagos de rentas de Mendoza.
Entre la prevención y las quejas
San Martín comenzó a controlar la velocidad en las rutas en junio pasado. Contrató a una empresa operadora, a través de un llamado a licitación, que implementa un sistema de radar y registra la velocidad con sistema fotográfico y con un operador a cargo del sistema. La operadora cuenta con todo el sistema homologado y aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ya opera desde hace años en otras provincias.
Antes de comenzar a realizar este control, San Martín se adhirió a la Agencia Nacional y así obtuvo jurisdicción sobre todas las rutas. San Martín también es el único que otorga licencias de conducir nacionales, en un trámite que se resuelve sin turno en una mañana, siempre que la documentación esté en regla y el conductor supere los exámenes de rigor.
Radares
-La concesionaria. Es la que labra las infracciones y remite las notificaciones y boletas de pago. Si el infractor no abona o no reconoce la infracción, es el Juzgado Vial el que labra la resolución e intima al pago.
-Tarifas. Si el infractor no cancela ese pago, el sistema nacional luego le impide realizar la renovación. La multa es de $5.500 y se reduce a $1.360, por pago voluntario y en término.
La puja con una ONG de consumidores y las reacciones
Hubo reacciones de todo tipo sobre la anulación de algunas fotomultas. La Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, en estos días, salió a calificar de "gran triunfo de Protectora" el decreto firmado el 2 de diciembre por el intendente Jorge Omar Giménez que anulaba la aplicación de multas en los casos puntuales mencionados.
"Esto es una prueba de que el Estado o empresas, que hacen trampas o abusan de los ciudadanos y consumidores, pueden ser combatidos... Y de que todos unidos podemos cambiar nuestra realidad", dijo a varios medios mendocinos el titular de esta ONG, Mario Vadillo.
