"Luego de la condena, nosotros, las víctimas, no supimos nada de lo que pasaba con nuestro victimario. Y resulta que si el tipo tiene buena conducta, no cumple toda la condena, sale antes. Un buen día, te subís al micro y encontrás a quien te robó o mató a un familiar sentado en el segundo asiento".
Así se refirió Javier Arias, quien preside por estos días la Asociación de Víctimas de Delitos en Mendoza, a la idea del Gobierno de incluir a las víctimas (o familiares) en las audiencias, para otorgar beneficios a los presos. Javier es papá de Lucas (21), muerto en 2014 de un disparo durante un intento de asalto a su vecino, a quien el chico defendió de los ladrones.
En principio, para Javier, la posibilidad de que los familiares o las víctimas de delitos esclarecidos y que llegaron a una condena puedan seguir todo el proceso del delincuente que les cambió la vida para siempre -sobre todo al momento de discutir la posibilidad de darles salidas transitorias o disminuirles la pena- es muy buena.
Esta fue una de las primeras reacciones a la propuesta del Gobierno de modificar la ley N°8.465, acerca de la universalización del trabajo para todos los internos del sistema carcelario, sea cual fuere la gravedad de su delito y que incluyó en otro capítulo la posibilidad de que las víctimas accedan al expediente cuando lo deseen.
El proyecto de ley, que ayer tomó estado parlamentario en el Senado, en medio de un escándalo (ver aparte) permite que las víctimas, familiares u organizaciones sociales puedan participar voluntariamente de la audiencia oral en la que estarán presentes el juez de ejecución penal (es decir, el que puede o no otorgar algún beneficio dentro de la cárcel), los abogados de ambas partes y el fiscal de la causa. En esa audiencia, el juez escuchará a la víctima y su petición para no ofrecer el beneficio, o información sobre lo que sabe del preso, o su opinión sobre los efectos que tendría una eventual salida. En caso de, finalmente, otorgar los beneficios al preso, el juez de ejecución penal deberá explicar los argumentos a la víctima.
Otra diferencia sustancial será la oralidad de la audiencia, ya que antes estos pasos de la ejecución de la pena eran considerados por un juez en soledad, y en base a los informes escritos de psicólogos y encargados de pabellón, de talleres, etcétera.
La tercera novedad es que desde ahora, la decisión del juez podrá ser apelada por la víctima a través de una presentación escrita.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, hizo la presentación del proyecto en la Legislatura y explicó: "Cada vez que haya un incidente de ejecución, es decir, que cada vez que se le pida al juez que falle por algún beneficio, se le dará aviso a la víctima sobre la realización de la audiencia. Ella puedo o no concurrir, pero si lo hace, puede pedir una medida, porque ella no pidió ser víctima".
Por otra parte, el funcionario explicó: "El 85% de las veces, la víctima tiene una relación física con su victimario, o porque viven cerca o porque conoce información sobre el delincuente. El Estado sigue la conducta carcelaria del preso, pero puede ser que este tenga contactos actualmente con el exterior y esté intimidando a la víctima. Esta información es valiosa para Seguridad".
Pero claro, todo este nuevo sistema de participación de la víctima de delitos es para los que lograron que sus victimarios fueran presos y condenados. En este sentido, Cecilia Vita, hermana de David Vita, muerto en 2011 en un intento de asalto, y que también es miembro de la Asociación, recordó que en muchos casos no existe condena y mientras que los posibles responsables están libres, las víctimas no reciben nada.
"La audiencia estaría bien, pero lo cierto es que habrá que ver cómo es instrumentado. Pero qué hacemos los que no logramos nunca una condena porque el trabajo de los fiscales y los jueces es muy malo, y muchos crímenes no se resuelven. En Argentina es el único país donde existe el crimen perfecto. En definitiva, estamos hablando sobre un tema menor, porque lo de fondo es cómo hacer para que la delincuencia baje, para que haya menos pobres y más empleo. Cornejo pone esto en debate para no hablar de lo otro, de lo importante", expresó Cecilia.
Estado parlamentario exprés
En la sesión ordinaria de Senadores, apenas llegado el proyecto de ley, el oficialismo pidió darle estado parlamentario para empezar a tratarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero el Frente para la Victoria sugirió que también fuera enviado a la Comisión de Trabajo y Desarrollo, porque tiene muchos artículos que tienen que ver con la actividad laboral, los derechos y obligaciones de los internos, etcétera. Este punto fue negado por Juan Carlos Jaliff, quien presidía en ese momento la sesión, ya que todavía no estaba terminada la presentación que hacía el ministro Venier en el Salón de los Pasos Perdidos. El peronismo se retiró, queriendo dejar sin quórum la sesión; pero Jalif, viejo zorro de la política, los tomó como presentes porque aún estaban en el recinto y dio por terminado el trámite de ingreso del proyecto a Comisión. Después, levantó la sesión.
El que no trabaje, perderá derechos
Más dudas que certezas ha despertado en distintos ámbitos, la idea del Gobierno de hacer trabajar a todos los internos del penal. Primero, por la capacidad instalada dentro de las distintas cárceles para absorber a toda la población. Actualmente, de 4.600 internos, 1.260 trabajan en los talleres de herrería, calzado, panadería y granja. Otros 1.900 aproximadamente estudian, con lo cual, alrededor de 1.440 están completamente en estado de ocio permanente.
Según los planes oficiales, lo que antes era una demostración de la voluntad de querer cambiar y reinsertarse en la sociedad, es decir, trabajar y estudiar, hoy será una obligación. Y quienes no lo cumplan, no podrán acceder al régimen de beneficios de la pena como la semilibertad, o mejoramiento de su situación dentro del penal, para aquellos casos de delitos graves que no tienen la posibilidad de reducción de condena o salidas transitorias.
El Gobierno ha asegurado que está realizando un relevamiento de todas los elementos necesarios para ampliar el cupo de trabajo dentro de los penales, para comprar la maquinaria que haga falta. Además, hará convenios con empresas para que reciban a los internos o puedan hacer nuevos talleres dentro del penal para tareas especializadas. Por otra parte, todos los trabajos requerirán de un estudio de la demanda, porque a medida que más productos sean comprados, más horas y más presos pueden trabajar. Por eso se habla de sustentabilidad del proyecto, porque los internos recibirán el producto de lo que vendan, y no un subsidio. De ahí, que el compromiso será también la promoción de los elementos fabricados en la cárcel mendocina.