Tras 16 años, la Séptima Cámara del Crimen rechazó la pretensión de un defensor y del fiscal de que la causa quede sin efecto por el paso del tiempo.

Se estancó el juicio a 17 ediles de Las Heras acusados de cobrar sobresueldos en 1994

Por UNO

Unos hacen rato peinan canas, otros están calvos, varios tuvieron hijos, se casaron, se divorciarono enviudaron, incluso uno de ellos falleció durante el proceso. Aún así, tras 16 años de

investigación, arrancó el juicio oral y público contra 17 ex concejales del departamento de Las

Heras, acusados de cobrar sobresueldos disfrazados legalmente de viáticos. Y como no podía ser de

otra forma, se inició en medio de un verdadero revuelo jurídico que amenaza con estancarlo más de

lo que está.

La primera jornada fue para alquilar balcones. Es que cuando parecía que el juicio moría allí

y los ex ediles serían desvinculados del caso por el paso de los años, el tribunal decidió que

continuará con el juicio, generando gran polémica entre los abogados defensores y la fiscalía.

El debate se inició a las 16.56 y el defensor, Oscar Dimas Agüero, no tardó en hacer un

planteo central: pidió que se cerrara el caso y que sus defendidos fueran sobreseídos

(desvinculados) porque tras 16 años de investigación sin sentencia se habían vencido los plazos

razonables para hacer un juicio justo.

Se basó en fallos de la Corte de Justicia de la Nación y los mandamientos jurídicos de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Los otros seis abogados defensores

reclamaron lo mismo.

De inmediato, el tribunal le preguntó al fiscal Felipe Seisdedos (encargado de mantener la

acusación) cuál era su postura. El fiscal adhirió al planteo de la defensa, concluyendo que el caso

debía cerrarse.

Seisdedos exclamó: "Nadie más que yo ha luchado para que este juicio se hiciera, pero no hay

plazo que no se cumpla ni tiento que no se corte (citando al Martín Fierro) y aunque esta postura

no guste, en este caso los plazos razonables para un juicio ya se vencieron".

La postura del fiscal iluminó los rostros de los defensores. La suerte del juicio estaba

echada. Si el fiscal no mantiene su acusación, este juicio y cualquier otro se cae, porque el

tribunal no puede emitir una sentencia sobre un caso que no tendrá pedido de condena, tal cual

ocurrió hace un par de semanas con el caso del médico Oscar Tarqui.

El tribunal, integrado por Gabriela Ursiuolo, Julio Carrizo y Lilia Vila, pasó a un cuarto

intermedio a resolver lo que todos ya anticipaban, poniendo las manos en el fuego, como un

sobreseimiento. Los ex ediles respiraban aliviados.

Pero, siempre hay un pero, una hora y media después, el tribunal salió a dar la sorpresa y un

disgusto a los procesados.

Rechazó el pedido de la defensa al que el fiscal también había adherido basándose en un fallo

de la Suprema Corte local de 2009, en el que los defensores de los ex concejales habían hecho un

planteo similar y el máximo tribunal lo había rechazado.

Los abogados saltaron de sus sillas para hacer nuevos planteos jurídicos y el fiscal

Seisdedos, con su voz ronca, le preguntó al tribunal:

F: –¿Y ahora qué rol juego yo?

T: –¿Se lo pregunta a usted mismo o a nosotros?

F: –A mí mismo y a ustedes.

T: –Oportunamente se le responderá.

Así el tribunal dejó la situación del fiscal en el aire, a pesar de que claramente con esa

pregunta daba una señal de que no podía seguir adelante con la acusación.

Los defensores rápidamente pidieron la suspensión del juicio bajo el argumento de que el

accionar de la fiscalía estaba paralizado.

El tribunal no discutió. Pasó para un cuarto intermedio hasta el lunes 31 y cerró la

audiencia en medio del desconcierto generalizado.