La Presidenta llevará asistencia financiera hoy a La Rioja, provincia beneficiada con la prórroga de la ventaja impositiva. “Para el gobernador, la situación llegó a un límite”, dijeron desde Ejecutivo local.

Promoción industrial: Jaque decidió insistir con Cristina Fernández

Por UNO

La pelea mendocina contra la continuidad del beneficio impositivo dado por la promoción industrialpara La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, decretado por el Gobierno nacional a fines de mayo,

suma un nuevo capítulo.

Y la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy a la localidad riojana de

Olta podría enturbiar aún más las ya agitadas aguas. Esto, considerando que se produce un día antes

de que en el mismo territorio los gobernadores de las provincias beneficiadas por la polémica

promoción –salvo el de San Luis– encabecen una marcha multisectorial contra Mendoza y el fallo del

juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, que frenó temporalmente la vigencia del decreto N°699.

La Presidenta entregará ayuda financiera en un contexto de emergencia agropecuaria que afecta

a 2.000 pequeños productores riojanos.

Sin reparar –o haciéndolo disimuladamente– en la verdadera intención de la llegada

presidencial a la provincia vecina, desde el Gobierno mendocino preparan algunas acciones

políticas.

El gobernador Celso Jaque concretará hoy su reunión de gabinete en San Rafael, departamento

desde donde surgió el fallo judicial que detuvo –al menos hasta que el Ejecutivo Nacional apele la

medida–, la continuidad de la promoción industrial. Pero, detrás de este acto de respaldo a la

comuna sureña, desde el entorno del malargüino aseguran que Celso insistirá esta semana para que

Cristina Fernández lo reciba.

"Para el gobernador, la situación llegó a un límite, y si bien no hay novedades certeras

respecto de sus gestiones en Buenos Aires, no podemos descartar que esta semana haya una reunión

con la Presidenta, ya que ésa es la intención de nuestro gobernador", lanzó con cierto sigilo el

ministro de Gobierno, Mario Adaro, sobre el panorama de acciones.

Al parecer, fue la nueva muestra de apoyo nacional a los territorios que el mismo Gobierno

favoreció con un decreto la que empujó al mandatario mendocino a dar marcha atrás con la estrategia

difundida el martes pasado. En esa oportunidad, el ministro de Producción local, Raúl Mercau, dijo

que Jaque no se reuniría con la Presidenta hasta que la Corte nacional se expidiera sobre la

legalidad de la promoción.

"La estrategia para esta lucha tiene distintos frentes. Los judiciales ya se materializaron,

los legislativos tienen por delante un camino de un plazo más largo y los políticos, que están

vigentes. Creo que tarde o temprano nos va a tener que recibir. Somos la cuarta provincia más

importante del Gobierno", puntualizó Adaro.

Congreso, a fuego lento

La estrategia con la que el Gobierno provincial busca hacerle frente a la decisión del

Ejecutivo Nacional de darle continuidad a la promoción industrial tiene varios frentes y

protagonistas.

Uno de los más fuertes es el judicial, que ya cuenta con presentaciones hechas por el

gobernador Celso Jaque en la Corte Suprema y con un fallo del juez Héctor Acosta, de San Rafael,

que frenó la vigencia de la medida.

Les siguen las acciones políticas del Ejecutivo local y la de los legisladores que

representan a Mendoza en el Congreso. En este último caso, si bien tanto en el Senado como en

Diputados analizan proyectos de ley para derogar la iniciativa oficial –además de un rechazo casi

unánime formalizado a través de distintas presentaciones por parte de los mendocinos oficialistas y

opositores–, desde esos ámbitos reconocen que el camino es lento.

"Estas iniciativas son mensajes fuertes, pero el trámite para que prosperen es lento. Sin

embargo, vamos a pelear para que se discuta la situación de desventaja en que han quedado Mendoza y

otras provincias", dijo el senador Adolfo Bermejo (Frente para la Victoria), quien firmó un

proyecto junto a Laura Montero (UCR-CONFE) y Ernesto Sanz (UCR).

Las jugadas locales y las de los adversarios

El espaldarazo del Ejecutivo nacional. Después de que la presidenta Cristina Fernández de

Kirchner firmara un acuerdo con el gobernador riojano Luis Beder, amparada en las facultades

delegadas que le otorga la Ley de Emergencia Económica, fue publicado a fines de mayo en el Boletín

Oficial el decreto 699, que extiende y garantiza por 15 años más los beneficios impositivos

contemplados en la Ley de Promoción Industrial 22.021, para empresas instaladas en La Rioja. La

decisión oficial incluyó la continuidad de la medida para las también promovidas San Luis,

Catamarca y San Juan, lo que creó un conflicto con Mendoza, que ve afectada sus inversiones.

La Justicia y los logros locales. Alertado por el "golpe oficial", el gobernador Celso Jaque

elevó el 2 de junio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito solicitando que se

declare inconstitucional el decreto 699, y una medida cautelar para que se frene la aplicación del

mismo. La respuesta de la Corte a la presentación no tiene una fecha estimada. Una semana después,

haciendo lugar a una acción cautelar surgida desde la Cámara de Comercio de San Rafael, el juez

federal Héctor Raúl Acosta ordenó suspender la acción del Ejecutivo nacional, constituyéndose en

uno de los primeros logros de Mendoza por sobre las provincias favorecidas. La interrupción de la

vigencia del citado decreto será temporaria, ya que el Gobierno nacional puede apelar el fallo.

El combate desde el Congreso. Senadores y diputados nacionales por Mendoza salieron a

respaldar a la Provincia: abrieron el juego con distintas acciones, atentos a evitar que la norma,

que hoy favorece a Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, siga vigente. En el Senado se analiza

la presentación de un proyecto de ley que lleva la firma de Laura Montero (UCR-CONFE), Ernesto Sanz

(UCR) y Adolfo Bermejo (Alianza Frente para la Victoria), para derogar el decreto presidencial. En

tanto, en Diputados, otro grupo de mendocinos liderados por Omar Félix (Frente para la Victoria)

presentó una iniciativa similar. Los representantes locales, salvo el ultrakirchnerista "Pampa"

Alvaro, hicieron manifiesto su rechazo a la promoción.

La avanzada de los gobiernos beneficiados y el apoyo de Cristina. Los gobernadores Luis Beder

Herrera (La Rioja), José Luis Gioja (San Juan) y Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) se reunirán

mañana en La Rioja para discutir las acciones a seguir y encabezarán una marcha multisectorial para

protestar contra el fallo mendocino que suspendió el decreto 699, que favorece a sus provincias. Al

mismo lugar llegará hoy la presidenta Cristina Fernández, con ayuda financiera para productores. La

decisión podría crispar la relación con el gobernador local Celso Jaque, quien ya fue recibido por

el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, pero todavía no obtiene respuestas de Cristina por el citado

decreto.

Congreso, a fuego lento. La estrategia con la que el Gobierno provincial busca hacerle frente

a la decisión del Ejecutivo Nacional de darle continuidad a la promoción industrial tiene varios

frentes y protagonistas.

Uno de los más fuertes es el judicial, que ya cuenta con presentaciones hechas por el

gobernador Celso Jaque en la Corte Suprema y con un fallo del juez Héctor Acosta, de San Rafael,

que frenó la vigencia de la medida.

Les siguen las acciones políticas del Ejecutivo local y la de los legisladores que

representan a Mendoza en el Congreso. En este último caso, si bien tanto en el Senado como en

Diputados analizan proyectos de ley para derogar la iniciativa oficial –además de un rechazo casi

unánime formalizado a través de distintas presentaciones por parte de los mendocinos oficialistas y

opositores–, desde esos ámbitos reconocen que el camino es lento.

"Estas iniciativas son mensajes fuertes, pero el trámite para que prosperen es lento. Sin

embargo, vamos a pelear para que se discuta la situación de desventaja en que han quedado Mendoza y

otras provincias", dijo el senador Adolfo Bermejo (Frente para la Victoria), quien firmó un

proyecto junto a Laura Montero (UCR-CONFE) y Ernesto Sanz (UCR).