Presentaron proyecto para regular por ley los abortos no punibles en Mendoza

El proyecto fue presentado por Puga en 2008 y contaba con cierto aval entre los diputados

para su aprobación, entre otros motivos porque los distintos bloques habían dado libertad de

conciencia para votarlo. Sin embargo, la iniciativa se enfrentó con dos obstáculos.

En primer lugar, el proyecto no logró el dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos

Constitucionales (LAC), que es la encargada de velar que la letra no entre en contradicción con

nuestra Carta Magna.

Según explicó a UNO Alberto Recabarren (PJ), presidente de la Comisión de Salud, una de las

cuestiones que se deberían salvar es qué se entiende por salud. Es que el artículo 86 del Código

Penal establece que un aborto no es punible "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la

vida o la salud de la madre". El diputado entiende que "acá está la interpretación de los jueces.

Es una zona gris, porque se puede interpretar que entra la salud psíquica de la mujer. Cualquier

mujer violada podría decir que ve afectada su salud psíquica por estar embarazada producto de una

violación".

Y agregó: "Tiene que quedar claro que nosotros no tocamos nada de eso, no tocamos el Código

Penal ni tampoco vamos a interferir en la interpretación de los jueces. Nosotros queremos que no

exista la discrecionalidad que hay en la actualidad con respecto de definir a quién se le hace un

aborto o no. Por eso uno de los artículos del proyecto dice que el caso tiene que ser avalado por

especialistas".

Objetores de conciencia

Más allá de eso, el que desató las dudas de varios diputados fue el artículo 5°, que dice

textualmente: "Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza el Registro

Oficial de Objetores de Conciencia, para prácticas ligadas a la salud reproductiva, destinado a

médicos en ejercicio que desempeñen su labor en hospitales públicos o privados de la jurisdicción

provincial".

Es que muchos legisladores, sobre todo de la oposición, creen que no debe existir tal

listado. "Es lo mismo que pasó con la ley de matrimonio igualitario. Si es legal, no se puede decir

que no, porque se estaría cayendo en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario

público. Además, ya hubo un pronunciamiento cuando fue el caso Claudia –aquella joven de 25 años

retrasada mental, violada y embarazada, cuya madre, en agosto de 2006, pidió y consiguió tras un

periplo judicial que le practicaran un aborto– que se determinó que era constitucional y que el

Estado debía garantizar el cumplimiento de la ley", opinó Néstor Piedrafita (ARI).

El diputado agregó además que el asunto de los objetores de conciencia "abre otro punto de

conflicto, porque los médicos han demostrado una reticencia extraordinaria a la exposición

mediática que suelen tener estos temas. Por eso creemos que esto no debe quedar legalmente

establecido sino que debería quedar reflejado a través de un procedimiento administrativo".

Recabarren, en tanto, manifestó estar a favor de los objetores de conciencia pero sin que

haya una lista de por medio. "Por más que se garantice que estará guardado, si sale a la opinión

pública rápidamente se calificará a los médicos de aborteros y no aborteros. Creo que el médico

debe poder objetar la práctica pero con el director del hospital, como se hace actualmente, es

decir en privado, y eso está reflejado en uno de los artículos".

Por su parte, Puga, el autor del proyecto, insistió en el carácter secreto del registro y

advirtió de que en el debate podrían surgir modificaciones respecto del artículo, ya sea para

reescribirlo o bien para eliminarlo. "Creo que la tendencia es a eliminar el listado de objetores

pero eso no implica que el Ejecutivo pueda llevarlo adelante".

De momento el proyecto está en la LAC y según Puga estaría todo dado para que sea tratado en

la sesión del miércoles que viene.