Por Enrique Pfaab
Las constantes son la falta de personal y las deficiencias edilicias. En un recorrido también se detecta la mala comunicación entre la Justicia y la Policía. Desorden, extravíos y falta de agilidad.
Por la falta de personal las oficinas fiscales del Este se encuentran colapsadas
Codo con codo, siete personas se amontonan en el mostrador de la diminuta oficina. Parece gente sedienta, a las 3, en la barra de un bar. Pero tienen otro tipo de sed. Atrás hay otras que pugnan para lograr esa primera línea y esperan que alguien que trabaje allí las bendiga con un “¿qué necesita?”. Una mujer de aproximadamente 70 años ya le ha contado sus penas a la auxiliar de la Unidad Fiscal de San Martín. Allí ha denunciado una serie de robos y amenazas sufridas en su casa, y quiere saber por qué siguen sucediendo.
La víctima escuchó cuando el periodista se hizo anunciar. “Disculpe, oí que usted es del Diario UNO”. El cronista imagina que ese es el comienzo de un largo relato de pesares. Pero no. “¿Usted me puede decir dónde puedo poner un aviso clasificado y cuánto me sale? Quiero vender mi casa del barrio San Pedro. Ya no se puede vivir más allí”, expresa.
Exaltado, angustiado, indignado y perdido en un mundo que acaba de conocer, y extraviado en un sistema que no entiende. Ése es el perfil tipo de alguien que ha sufrido un delito y que busca que alguien le dé respuestas y soluciones. En teoría, hay un método para darlas. Pero ese método es lento en la práctica y corre el riesgo de que se produzcan muchas fallas, las cuales parecen ser más frecuentes después de que comenzó a implementarse en el Este el nuevo Código Procesal Penal. “Falta personal, falta capacitación y todavía falta coordinación entre la Policía y el Poder Judicial”, resumió un funcionario, tratando de explicar retrasos, olvidos, pérdidas y confusiones que producen que la víctima de un delito lo sea también del sistema.
El caso del expediente 88.559/11
El 9 de noviembre de 2011, una camioneta Ford Ranger 4x4 de color champagne (patente GQQ980) se estacionó en la avenida Alem, en pleno centro de San Martín. Su dueño, domiciliado en Rivadavia, se bajó y fue a realizar algunas diligencias. Cuando regresó, el rodado ya no estaba. Inmediatamente denunció el robo, que fue calificado como “hurto agravado”.
En la Unidad Fiscal se realizaron las primeras actuaciones y se le dio intervención a la Unidad Investigativa, que 24 horas después ya tenía datos concretos: la camioneta había comenzado a ser desguazada; parte de ella estaba en un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Rodríguez y Anzorena, y un resto estaba en una de las fincas ubicada en la ruta 7 y la calle Las Violetas.
El personal de Investigaciones remitió ese mismo día a la Unidad Fiscal una solicitud de autorización de allanamiento para esos dos domicilios. Hoy, 290 días después, esos dos allanamientos todavía no han sido practicados.
¿Qué pasó?
Después de buscar durante 24 horas el expediente Nº88.559/11, desde la Unidad Fiscal se dio esta respuesta: el fiscal a cargo autorizó el allanamiento y le pidió la autorización al juez de Garantías, quien también lo autorizó; después, por motivos inexplicables, la orden para que la Unidad Investigativa procediera nunca llegó a manos de la Policía. El 88.559/11 quedó “dormido”, con una orden pendiente. Recién se detectó este olvido, descuido o desprolijidad cuando este medio preguntó por él.
“Ahora iniciaremos una investigación y un sumario para ver qué ocurrió, porque esto es algo grave, que no tiene que pasar”, dijo la fiscal María Mónica Fernández Poblet. En el mismo sentido se expresó María Teresa Day, coordinadora general del Ministerio Público. “Quién sea el responsable, sea auxiliar, secretario, ayudante fiscal o fiscal, será sancionado”, aseguró.
Lo normal y correcto es que un pedido de allanamiento de la Unidad Investigativa sea contestado por decreto fundado, por sí o por no. Lo mismo debe hacer el juez de Garantías, con resolución fundada. Luego, el circuito se cierra enviando la respuesta a quien solicitó la medida. En este caso, ese circuito nunca se cerró.
Ese injusto agujero negro
Le dicen La Chichi. Así la nombra la gente de la fiscalía y hasta los abogados que concurren allí. Es jefa de Mesa de Entradas. La única que hay en el ala este de la Comisaría 12, el sector acondicionado para que funcionen allí la Oficina y la Unidad Fiscal.
Mientras con el hombro sostiene el tubo del teléfono y contesta algunas preguntas, revisa un expediente que le aparece en la pantalla de la computadora. Cada 60 segundos interrumpe el diálogo telefónico para contestar la pregunta de un auxiliar u ordenar que dé curso a algún escrito. Está al borde del colapso nervioso, aunque no lo demuestra. Allí hay varios que están en los arrabales de una crisis.
Falta personal. “Trabajamos con el 50porciento de la gente que se necesita”, dice un funcionario. “Hay cargos que están vacantes desde hace meses y que todavía no se han cubierto. Al menos tendría que haber 20 personas más”, remarca.
Por empezar, mientras este medio consultaba sobre demoras y expedientes irresueltos, había sólo dos fiscales trabajando, de los cuatro que tendría que haber. Uno estaba de licencia y el otro nunca fue nombrado en ese puesto. El fiscal Juan Manuel Bancalari, quien era el cuarto, fue llevado a Guaymallén, donde las necesidades parecen ser aún más graves que en San Martín.
“En Guaymallén ingresan 1.200 causas al mes, mientras que en San Martín ingresan 8.000 al año. Si usted vio el movimiento diario que hay en la Unidad Fiscal en San Martín, imagínese cómo es la de Guaymallén”, justificó la coordinadora de la Procuración, Teresa Day.
“Los nombramientos se tienen que hacer respetando los concursos y el orden de mérito y esto lleva meses”, dijo al referirse a las demoras en el refuerzo de personal.
Esta carencia genera a veces desorden, descuidos y equivocaciones, sin que sea necesario imaginar falta de capacidad, desidia o desinterés.
“Es cierto: existe un agujero negro en donde se extravían escritos, oficios y hasta expedientes. No debería ocurrir, pero es así. Es cierto”, reconoció una funcionaria.
Quizás el 88.559/11 haya caído en ese agujero negro. La falta de una explicación lógica y legal a su increíble desaparición de 290 días hace suponer que fue así.