El número ya es de público conocimiento: el nuevo directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) de Mendoza dio de baja 84 contratos de su planta temporaria de personal. Pero esta cifra no es la única que refleja el actual estado de cosas en esa institución: por el paro de 72 horas que realizó el sector gremial la semana pasada, en reclamo de la restitución de un grupo de trabajadores, se perdió la recaudación de más de $6,2 millones.
La Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia establece que el 35% de las ganancias líquidas del IPJYC deben tener como destino programas de Desarrollo Social y Salud.
Es decir, cerca de $2,17 millones no llegarán a sus beneficiarios. Esto representaría, utilizando un ejemplo simbólico, unas 516 sillas de ruedas, debido a la protesta gremial y a la inacción de la actual gestión del ente.
En su momento, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay explicó que las cesantías obedecían a la necesidad de devolverle al Instituto su misión original (la asistencia social) y, al mismo tiempo, desmontar lo que consideró "una inmensa estructura administrativa" para racionalizar los recursos del Estado.
En 2009 el casino estatal tenía 477 empleados y a diciembre de 2015, según un informe del Departamento de Recursos Humanos al que tuvo acceso UNO, la cifra se disparó a 753.
Hay más: en 2009 el gasto de personal fue de $35.336.314 y en 2015 el montó trepó a $233.731.058.
Las nuevas autoridades de esta institución entienden que al aumentar progresivamente la planta de personal, un inmenso porcentaje de esos recursos se termina utilizando para pagar sueldos, y así se pierde de vista la meta principal.
"El objetivo de que el Gobierno de Mendoza esté involucrado en el sistema de juegos es que pueda transferirle fondos a la Provincia para Desarrollo Social y Salud. Si esta misión no se cumple, no tiene razón de ser que el Gobierno esté en el juego. Alcanzaría con la sola fiscalización de Administración Tributaria Mendoza en los casinos privados para ver cuánto pagan de Ingresos Brutos", dijo Andrés Lombardi, gerente General del IPJYC.
¿Se cumple hoy con la misión de asistencia social? De vuelta a los números: en 2009 se destinaron a estos fines $72.820.290 y en 2015 esos aportes cayeron hasta los $66.752.501.
La actual administración tiene proyectado elevar esa suma a $250.000.000 en 2016, que serán destinados a asistencia social y salud.
¿Otro conflicto en puerta?
Más allá de la fuerte pérdida de ingresos que soportó el IPJYC a raíz de la medida de fuerza, ahora podría afrontar el inicio de acciones judiciales por parte de las empresas concesionarias de los anexos. Estas estarían en condiciones de exigir un resarcimiento económico por lucro cesante.
Hasta ahora, ninguno de los operadores lo ha hecho. Sí se estarían manteniendo negociaciones informales entre las partes para intentar llegar a un acuerdo y evitar terminar en la Justicia.
Quienes transitan los pasillos del IPJYC están convencidos de algo: el desorden en los números obedece en buena parte a que existía una especie de cogobierno entre las autoridades anteriores y los sindicatos.
Mientras, continúan las asambleas y el acampe en la puerta de la sala central del Casino de Mendoza. En los anexos, los trabajadores ya les habrían comunicado a sus representantes gremiales que quieren trabajar con normalidad y terminar con las medidas de protesta.
