Por Daniel Calivares
La empresa de Energía estatal se ha vuelto un dolor de cabeza para el gobierno provincial. Cuando todo parecía marchar sobre rieles, luego de que radicales y justicialistas aprobaran su creación, ahora el problema, tal como adelantó este portal, es el estatuto de la empresa, que encontró la oposición de la UCR que quiere ver primero el acuerdo hidrocarburífero que firmaron las provincias con la Nación.
Este lunes desde el Ejecutivo aseguraron que harán llegar el acuerdo en cuanto tengan una copia disponible pero que los legisladores del PJ tienen la orden de tratar de que el estatuto se apruebe. Hasta que esto no sea un hecho, se paralizará la adjudicación de las 11 áreas petroleras que recibieron sus ofertas hace unas semanas.
Según explicó el secretario legal y técnico de la provincia, Francisco García, la idea del gobierno no es confrontar con la oposición, pero aseguró que la empresa de Energía es una cuestión de Estado que se discute desde el 2008 y que en las últimas semanas han notado una dilación en su tratamiento.
Esto coincide con los dichos del senador y presidente de la comisión de Hidrocarburos, Fernando Simón, que explicó que hace un mes está el borrador del estatuto en manos de cada legislador y desde el radicalismo no se ha realizado ningún aporte sobre él.
"El estatuto toma como base la ley, no hay nada que no se haya votado", explicó García, quien adujo sobre el reclamo del radicalismo que conseguir una copia oficial lleva su tiempo por temas administrativos, pero que una vez que se tenga una, se le remitirá al radicalismo.
"Siempre hemos tratado de buscar consenso, el borrador se giró hace un mes pero los tiempos apremian, tenemos el tema de la tercera ronda de áreas petroleras", explicó el funcionario.
En ese sentido, García explicó que estas áreas no serán adjudicadas mientras la empresa no esté funcionando, debido a que en los pliegos de las áreas licitadas se establecía que el 10 por ciento de las acciones quedaban en manos del Estado, a través de la empresa de Energía.
"Estamos muy avanzados, redactando los informes técnicos para las adjudicaciones. Yo podría adjudicar ahora, porque no se pierde dinero, pero estamos esperando a que se concrete para que se largue todo junto", aseveró el secretario legal y técnico de la gobernación.
García explicó también que la orden del gobernador hacia los legisladores del oficialismo es que se discuta el estatuto y se busque tratarlo. "Lo que pide la oposición no es un tema que hace al fondo de la cuestión", criticó el funcionario.
El estatuto de la empresa de Energía, que ingresó formalmente a la Legislatura el lunes pasado, establece el reglamento de la empresa provincial de Energía o EMESA.
Allí se establece que las acciones clase A, que representan el 71 por ciento, estarán en manos de la provincia; las clase B (10 por ciento) en poder de los municipios y las C, que representan el 19 por ciento, en manos privadas, pero cuyos dueños no podrán poseer más del 5 por ciento cada uno.
En tanto, García también explicó que se está trabajando para mandar a la Legislatura el proyecto por el cual se creará una agencia de recaudación. Este proyecto del Ejecutivo ya tuvo el visto bueno de los empleados de la dirección de Rentas, que decidieron apoyarlo por unanimidad.