Por Marcelo Arce
Juan Carlos De Paolo, el intendente de General Alvear, será convocado por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, para comienzos de esta semana. Allí el Gobierno intentará acordar (con el jefe comunal del distrito en donde el acuerdo con La Pampa por el uso de las aguas del río Atuel más escozor provoca) los dos aspectos claves que Francisco Pérez viene negociando con su colega pampeano, Omar Jorge, y también con el Gobierno nacional, para destrabar un conflicto que lleva más de siete décadas y que en las últimas semanas mantiene en armas a casi todo el sector productivo alvearense, que no quiere que pase a la provincia vecina ni una sola gota de agua de su río.
Sin embargo, el gobernador puso en el freezer las negociaciones, a pesar de que hace unos días se dijo a nivel oficial que antes de fin de año podría alumbrarse un acuerdo. “Nos tomaremos todo el tiempo que nos tengamos que tomar y vamos a hablar con todos los sectores. Yo no creo que este acuerdo salga ni siquiera en los próximo 60 días. No hay plazos para acordar con La Pampa”, dijo el mandatario a UNO al término del encuentro de Gestar que se realizó en Mendoza (más información en página 3).
Mendoza está pendiente de algo: una Comisión de Ríos Interprovinciales de la Legislatura pampeana (integrada por diputados peronistas y radicales) ya aprobó por unanimidad el pedido para que el Poder Ejecutivo de esa provincia “sin más demoras” presente una demanda ambiental contra Mendoza, basado en la urgente necesidad de contar con un caudal fluvio ecológico del Atuel. “La verdad es que el tema de la denuncia ambiental nos tiene muy preocupados y por eso es que tenemos que viabilizar un acuerdo”, se sinceró un alto funcionario de Gobierno.
Baldasso, por su parte, confirmó la citación para De Paolo y además ratificó que ambas provincias están negociando “aclaraciones” al convenio de uso del Atuel que firmó Celso Jaque en 2008, que La Pampa reclama que se haga efectivo y que la Legislatura mendocina nunca vio. Sobre todo, por un inciso de ese acuerdo que establecía “una escorrentía mínima permanente” (el inciso K) que dejaba a Mendoza en la obligación de dejar correr aguas abajo toda el agua que no necesitaba (Ver La guerra por un río…).
Qué es lo que se está negociando
En el largo plazo, Pérez, en el par de reuniones que ya tuvo con Jorge bajo el arbitraje del jefe de Gabinete, Abal Medina, acordó que se actualizará el anexo de obras, incluidas en el convenio de 2008 y que, a pesar de que Cristina Kirchner se comprometió a hacerlas por un total de $600 millones en un plazo de cuatro años, muchas de ellas no –se hicieron.
Por caso, la impermeabilización de los canales de riego del Atuel en la zona de San Rafael para ahorrar agua. Aquí la idea es recuperar diez metros cúbicos por segundo (que es lo que se pierde por infiltración y evaporación) y otorgar a cada provincia el 50% de ese recupero. Cinco metros cúbicos por segundo es el caudal de agua aproximado que reclama hoy La Pampa.
Pero en el corto plazo, el Gobierno mendocino también necesita encontrar una salida ya que los pampeanos no están dispuestos a esperar otros cuatro años para recibir agua. Sin acuerdo todavía, se discute cómo cumplir con el inciso K y fijar una escorrentía mínima que, al menos, permita evitar la demanda por daño ecológico que está en ciernes y que eso no implique “levantar las compuertas” para que el agua pase. Ese es el punto más duro de la discusión y desde el Departamento General de Irrigación estiman que en la actualidad se están dejando pasar al menos 1,7 metros cúbicos por segundo de agua que no se usa, que proviene de los desagües del Atuel, que no son aptas para riego, pero que sirve para el desarrollo ganadero.
Todas estas “aclaraciones”, si se acuerdan entre Pérez y Jorge, serán incorporadas en una adenda del convenio de 2008 y serán enviadas a las respectivas Legislaturas. Aunque aún no se sepa cuándo sucederá.



