Por Pablo Abeleira y Alejandro Gamero
El gobernador admitió haber ofrecido la vacante. El retiro del juez Fernando Romano, marca un fortalecimiento del peronismo en el tribunal de Justicia, que hasta ahora, era dominado por el radicalismo.
Pérez admitió que ya hizo el ofrecimiento para ocupar la vacante en la Corte y espera una respuesta
El gobernador Francisco Pérez dijo ayer que aún no tiene definido quién ocupará el lugar que dejó Fernando Romano cuando renunció en la Suprema Corte de Justicia. Pese a ello y sin dejar trascender nombres propios, admitió que el puesto ya ha sido ofrecido.
“La realidad es que estoy esperando respuestas”, señaló en la tarde de ayer Pérez, en comunicación telefónica con Diario UNO. Con esa frase, también echó por tierra versiones mediáticas que postulaban a asesores cercanos a su gestión como aspirantes a completar el séptimo cupo del máximo tribunal de la Justicia de Mendoza. “Entiendo que existe cierta ansiedad periodística y hasta política, pero estos temas son delicados y merecen ser analizados con toda la responsabilidad que me cabe”, agregó.Cambio histórico y generacional
La salida de Fernando Romano de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, tras 24 años en el cargo, marcará hitos de importantes consecuencias en el máximo tribunal de Mendoza desde el regreso de la democracia.
Por primera vez desde 1984 la representación radical o afín a la UCR en la Corte local quedará reducida a cuatro de los siete miembros de la Suprema Corte. También por primera vez, el peronismo mendocino tendrá la oportunidad de sumar su tercer juez, si logra –como espera– colocar a un candidato que además de dar la talla esté encolumnado ideológicamente en las filas del movimiento. Por primera vez, además, la vieja guardia de magistrados, que permanece desde la década del ’80 y que marcó el paso de la Corte en el último cuarto de siglo, quedará en paridad frente a la sangre nueva que va llegando durante los últimos ocho años. Como si no fuera suficiente, por primera vez, la prestigiosa Sala Civil queda completamente desierta y la máximo tribunal con la urgencia del ingreso de un civilista, ya que el resto de los integrantes no lo son. Todo esto no es poca cosa en el planeta político judicial: implicará en el mediano plazo un cambio generacional, y un modo de percibir la justicia, la política, el rol los ministros supremos y de los tribunales de cara a la sociedad. Las distancias generacionales en la Corte mendocina marcan profundamente esas distancias y también las diferencias de estilos. Desde el inalcanzable juez Herman Salvini, octogenario, único sobreviviente activo de 1984, que no llegó a dar ni un puñado de notas en 28 años; al mediático Mario Adaro, de 43 años, supremo con apenas un año en el cargo, peronista y militante, twitero y esclavo del smartphone. La comparación entre ambos es la síntesis perfecta de ese abismo infranqueable. Por otra parte, la partida del juez Fernando Romano le dará al gobernador Francisco Paco Pérez la oportunidad de elegir un candidato para el supremo tribunal, privilegio que tuvieron casi todos los gobernadores mendocinos desde 1983 hacia aquí, salvo el radical Roberto Iglesias. Durante la gestión del Mula ningún juez de la Corte renunció y cuando Iglesias quiso promover a Leopoldo Orquín durante el gobierno de Julio Cobos, Cleto se cortó solo y propuso a Alejandro Pérez Hualde, y logró que fuera aprobado en el Senado y que asumiera. Aquella pulseada Iglesias-Cobos por colocar a un hombre en el máximo tribunal fue una clara muestra del revuelo que se desata en los partidos políticos cuando el gobernador de turno tiene que elegir un candidato. Fue una muestra de que además de la talla jurídica del elegido, la política y el poder están en juego. Les sucedió a los ahora asentados Pedro Llorente y Jorge Nanclares en 1987 cuando, propuestos por el ex gobernador radical Santiago Llaver, sortearon de milagro las bolillas negras por uno o dos votos a favor y lograron entrar a la Corte. En ese tiempo el Senado tenía amplia mayoría de la UCR y la votación dejaba muy claro que no todos los radicales estaban felices con los nominados. El ingreso del ahora supremo Carlos Böhm en 1997, en ese entonces fiscal de Cámara, fue una apuesta del gobernador Arturo Lafalla y su sector La Generacional, que tenía serias resistencias dentro del justicialismo. El ingreso de Adaro, el más reciente y propuesto por Jaque, no reflejó al menos una lucha interna pero su nominación dejó a pie a otros juristas peronistas que se probaban el traje. Además bloqueó que el histórico y poderoso sector azul del PJ local impusiera un candidato suyo aun cuando tenía una mujer para remplazar a Aída Kemelmajer.