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El gobernador hizo la entrega formal del proyecto. El dinero saldrá de un porcentaje de diversos impuestos provinciales y de la coparticipación federal. Será sometido a discusión en la legislatura provincial.

Paco Pérez presentó el proyecto de autarquía judicial y le aseguró a la Corte que contará con más fondos

Por Daniel Calivares

Finalmente, el gobernador Francisco Pérez, acompañado del vice Carlos Ciurca y de referentes de todos los partidos con representación legislativa, presentó el proyecto de autarquía judicial e intentó acallar cualquier objeción que pudiese tener la Suprema Corte de Justicia sobre este.
Según dio a conocer Ciurca, no será una suma fija la que tendrá el Poder Judicial para sostenerse económicamente, sino que el dinero será igual al 7,9 por ciento de los impuestos de ingresos brutos, del inmobiliario, del automotor y de la coparticipación federal de impuestos. Además, la Justicia tendrá a su disposición el 100 por ciento de la tasa de Justicia que se cobra en este Poder. Para evitar el rechazo de los miembros de la Corte, que han objetado por el presupuesto que tendrán y por el hecho de que la autarquía se haga a través de una ley y no de la reforma constitucional, Ciurca explicó que en el 2012, la cantidad asignada para el Poder Judicial fue de 752 millones y que las proyecciones en el 2012, tomando en cuenta el 7,9 por ciento que dispone el proyecto, provocaría que la Justicia cuente con 885 millones de pesos. En cuanto al segundo punto que se objeta, fue el mismo gobernador el que respondió que se hace mediante una ley porque los tiempos legislativos son más rápidos que los de una reforma constitucional, no obstante, Pérez agregó que la autarquía judicial estará dentro de los puntos del proyecto de reforma que enviará el Ejecutivo a la Legislatura en los próximos días. “Es vital esta discusión, esto no es un dogma, no es discutir si va por ley o por vía de reforma Constitucional, una cosa no quita la otra”, manifestó Pérez, quien explicó que la idea es que empiece a funcionar la Policía Judicial, que en Mendoza haya un solo Código Procesal Penal, y que se garantice la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la Justicia. No obstante, en caso de alguna objeción, Pérez planteó que estas se deben discutir en la legislatura y que para ello, los miembros de la Corte podrán emitir su opinión e incluso buscar cambiar el porcentaje asignado para que el Poder Judicial funcione. Vale tener en cuenta que con esta ley, el gremio de judiciales deberá negociar sus salarios directamente con la Suprema Corte y no con el Ejecutivo, como ha sido hasta ahora.

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