Por Paola Piquer
La semana pasada, dos situaciones que nada tenían que ver entre sí me hicieron un clic que ahora me dispongo a poner en palabras.
Una mañana entro en el baño de mujeres de la redacción multimedia en la que trabajo y encuentro a una compañera que fue mamá hace poco más de 60 días sacándose leche con muchísimo esfuerzo y con algunas lágrimas en los ojos. “No es justo –pensé–, esta mujer tendría que estar en su casa dándole de mamar tranquila a su niña. Las leyes que rigen la licencia por maternidad y paternidad en el ámbito privado están desactualizadas. Los días estipulados (90 para mujeres y 2 para varones) resultan pocos. ¿No hay legisladores o legisladoras que se aboquen a revisar estos temas? ¿Tan ocupados están en sus vericuetos político-partidarios que no se animan a dar debates serios que tienen incidencia directa en la población?”. Todo eso se me agolpó en la cabeza, sumado a una rara mezcla de sensaciones que me despertó la escena.
Dos días después, Paola Alé, la periodista que cubre Legislatura, me cuenta que dos diputadas del PJ –Lorena Saponara y Sonia Carmona– avalaron una denuncia contra ellas mismas. Lo hicieron sin saberlo, obvio, como otra decena de proyectos que aprueban tanto ellas como sus pares por no tomarse el mínimo esfuerzo de saber qué están votando. Una oficial inspectora de la Policía las denunció por maltrato luego de una reunión de la Comisión de Género y Diversidad. Las legisladoras se defendieron alegando que el altercado no fue tal y que ellas no pueden saber lo que contienen todos los expedientes “porque son muchos”.
¿Qué tienen que ver Saponara y Carmona con mi amiga que acaba de ser madre? Insisto, no mucho. Sólo que, para mí, ambas circunstancias cerraron una especie de círculo.
Es que mientras los legisladores insisten en hacerse los distraídos y andan dando el okey a documentos sobre los que no tienen la menor idea qué dicen, los ciudadanos seguimos regidos por normas que merecen, como mínimo, un replanteo.
Es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, que es la que establece la licencia por maternidad, sólo puede ser mejorada o actualizada por el Congreso Nacional. De hecho, se han realizado –sin éxito– varios intentos para extender el plazo de 90 a 180 días, tal como sugiere la Organización Mundial de la Salud.
Pero no menos cierto es que, desde el 2009, en la Cámara de Diputados de esta provincia duerme un proyecto de ley que sí tiene media sanción en Senadores que amplía la licencia para los padres que trabajan en el sector público de 5 hábiles a 15 corridos si el nacimiento fuera por cesárea o si se tratase de una adopción.
Incluso, la diputada Carmona es autora de una iniciativa que también beneficia a los padres. En su redacción, sugiere otorgarles 30 días a los varones que tienen un hijo o adoptan uno. Sin embargo, la problemática no llega al recinto y poco es lo que se pelea políticamente para que tal cosa ocurra.
No estoy descubriendo América. El vínculo entre representantes y representados –sean estos de jurisdicción comunal, provincial o nacional– está resquebrajado desde hace mucho. Y nada hace suponer que vaya a reconstituirse en el mediano plazo.
Lo que me inquieta es que ese divorcio atenta, en el caso que estoy analizando, contra las recomendaciones mundiales sobre la lactancia y sus beneficios, a las que Argentina adhiere con fervor, arrancando por el Estado.
Chile, un país con el que solemos compararnos, tiene legislación avanzada en la materia. Allí la licencia por nacimiento es de 42 días previo al parto y 42 días después, mientras que para la pareja se estipulan 5 días. Una vez superada esta etapa, comienza a regir otro beneficio, que otorga 84 días más que la mujer puede compartir con su pareja, es decir, hasta 42 días para cada uno.
No es osado imaginar que en Argentina pudiera establecerse algo similar. Eso sí. Varios que hoy miran para el costado van a tener que ponerse a trabajar.
