Mendoza finalmente
Jaque envió su queja formal por el decreto presidencial que prorroga el beneficio por 15 años a La
Rioja y que podría extenderse a San Juan y San Luis. Su vecino cuyano no piensa bajar los brazos.
Mendoza presentó el reclamo a la Corte Suprema por la promoción y San Juan hará lo mismo
presentó hoy de manera formal su queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por elcontrovertido decreto 699/10 que extiende por quince años la vigencia de la promoción industrial en
provincias vecinas. El Fiscal de Estado adjunto, Joaquín de Rosas, y el Asesor de Gobeirno, César Mosso Giannini,ambos a instancias del gobernador Celso Jaque, acudieron a primera hora a la Secretaría de JuiciosOriginarios del Poder Judicial de la Nación, para presentar un escrito de setenta carillas. Através del mismo se solicita en primer término una "acción declarativa de certeza", donde planteacomo cuestión de fondo la inconstitucionalidad del decreto 699. Y también se adjuntó una medidacautelar para que se frene en lo inmediato la aplicación del decreto firmado por Cristina Kirchner. "Hemos realizado un planteo de inconstitucionalidad del decreto, entre otros motivos, porqueno es muy clara la redacción del mismo y podría causar los mismo perjuicios que ya causó con laanterior demanda que realizó la provincia por los perjuicios de la promoción industrial. Esademanda se solucionó a través de un arreglo extrajudicial, pero se vuelve a insistió ahora con lamisma conducta", explicó De Rosas en un contacto telefónico con Diario UNO. De Rosas y Mosso Giannini salieron de los Tribunales porteños sin fecha precisa de cuándo sepodría conocer la respuesta de la Corte a la medida cautelar. Y, a pesar de que desde el Gobiernose especulaba con que el fallo podría conocerse en el plazo de los diez días, De Rosas fue máscauto: "La Corte no tiene plazos para responder", sostuvo. El corazón de la argumentación judicial mendocina sigue los lineamientos del dictamen que en2003 firmó el entonces Procurador de la Corte, el mendocino Nicolás Becerra, quien dictaminó contrala reinstauración de la promoción industrial realizada por Carlos Menem a través de tres decretosde necesidad y urgencia firmados entre 1996 y 1997. Hace diez días, Cristina firmó un decreto simple para prorrogar la promoción en La Rioja, SanJuan, San Luis y Catamarca, amparada en las facultades delegadas que le otorga la Ley de EmergenciaEconómica. En trazos gruesos, Becerra había opinado en aquella oportunidad que cualquier reinstauraciónde un régimen de exenciones impositivas como la promoción, afecta ilegítimamente el esquema dedistribución de recursos entre la Nación y las provincias si se hace por decreto. Por lo tanto nopuede establecerse de otra manera, según marca la Constitución Nacional reformada en 1994, que nosea a través de una ley del Congreso Nacional y con la Cámara de Senadores como origen. SanJuan ya anticipó que no se quedará de brazos cruzados ante esta avanzada judicial y sugobernador, José Luis Gioja, se reunió durante estos últimos días con un grupo de colaboradores y "quedaron en buscar una vía para que el máximo tribunal escuche también la posición de San Juan,según Diario de Cuyo. "Voy a hablar con quien tenga que hablar, ustedes saben que no nos vamos a quedar quietos", fue lo que le dijo Gioja a los medios de su provincia en relación a este conflicto. Jaque estuvoayer en un acto en Junín y evitó la polémica con sus colegas promocionados (Luis Beder Herrera, deLa Rioja, también lo cuestionó) y prefirió no contestar esos ataques. Casi el mismo silencio embargó al gobernador el miércoles por la noche en la Cena delBicentenario Productivo, donde habló solo dos minutos ante unos 200 empresarios mendocinos deprimera línea a los que les pidió "seguir creciendo sin distorsiones en el país. Que el esfuerzo deunos pocos no se convierta en la gran desilusión". En qué consiste Los mendocinos presentaron dos escritos. Por un lado, propusieron una medida de no innovarque impediría la aplicación efectiva de la promoción. Por el otro lado se presentó un pedido dedeclaración de inconstitucionalidad de la medida. El recurso de inconstitucionalidad se basa en que Jaque entiende que el poder Ejecutivo nopuede reglar sobre cuestiones impositivas, una atribución exclusiva del Poder Legislativo. En losfundamentos los abogados plantean que un cambio en el régimen de promoción industrial disminuye eltotal de la recaudación impositiva a repartir entre las provincias y por ende debe ser aprobado enel Senado. La polémica por la promoción industrial comenzó el 20 de mayo pasado cuando la presidentaCristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 699 que prorroga el beneficio que nació como unaforma de beneficiar a las provincias con desventajas competitivas.
